La exposición pública de las partes es una pauta para mensurar la existencia del delito civil de injuria que se imputa, puesto que se ha de considerar que se trata de temas de indudable interés público. Y si bien no se trata típicamente de funcionarios públicos, la gestión en una asociación civil sin fines de lucro reviste la calidad de cuestión de interés público. La Corte sostuvo «que por im...

Ante una misma situación de hecho, en los fallos que se confrontan, se atribuyen diferentes significados jurídicos y se adoptan decisiones antagónicas, por lo que se configura una real divergencia jurisprudencial que impone la intervención de la sala a fin de uniformar criterios y decidir cuál es la subsunción que por derecho corresponde (art. 383, inc. 3, C.P.C.C.). Efectivamente, desde el pun...

La causal de interrupción de la prescripción contemplada en el art. 3986, 1er párr., C.C., no se configura a partir de la sola presentación de la demanda judicial, requiere necesariamente que sobrevenga la notificación de ella al accionado sin lo cual no habrá de suscitarse la consecuencia interruptiva (conf. esta Sala, sentencias N° 93/09, 135/09 y 58/10). (del voto en minoría, Dr. Andruet (h)). ...

El espíritu del legislador, cuando incorporó el instituto de la prescripción liberatoria, lo fue sobre la hipótesis obvia, de que las obligaciones civiles o se extinguen propiamente o se prescriben civilmente; pero en modo alguno se puede pensar una suerte de estado de latencia sine die que el acreedor puede obtener, mediante la sola interposición de una demanda, sin notificarla (del voto en minor...

El plazo de prescripción aplicable a la acción de simulación es bienal (art. 4030 C.C.). Respecto de terceros, el plazo de prescripción de la acción de simulación comienza a computarse cuando el demandante ha tomado conocimiento del acto que ataca, o cuando razonablemente hubiera podido descubrirlo de no haber actuado negligentemente, siendo ese tercero accionante al que le incumbe probar en qué f...

No es dable extraer del art. 1113 C.C. la conclusión de que las lesiones existen, ya que dicho dispositivo se refiere a una presunción de responsabilidad, más no resulta aplicable a los daños, los que necesariamente deben ser acreditados en su existencia, extensión y relación con el hecho. La acreditación de los daños y de su relación de causalidad con el evento dañoso recae en cabeza de quien...

El reglamento de copropiedad constituye un marco regulatorio al que deben ajustarse todos y cada uno de los consorcistas en virtud de que éstos se someten voluntariamente a reglar sus derechos en función de las leyes y reglamentaciones que conforman la propiedad horizontal. naturaleza jurídica del reglamento de copropiedad en el régimen de propiedad horizontal es la de un contrato, pues represe...

Los intereses de los consorcistas no son contrapuestos sino paralelos y a veces comunes, aunque pueden darse oposiciones, pero todos los contratos pueden suponer ambos tipos de intereses, lo que plantea un problema de prevalencia. Cuando se trata de cuestiones relacionadas con el uso que debe darse a cada una de las unidades que componen el edificio, ya sea comunes o propias, deben los consorci...

En efecto, en sendas hipótesis se trata de una acción que persigue el cobro de un seguro, donde la parte demandada resistió la pretensión oponiendo excepción de prescripción. También surge patente que las resoluciones confrontadas contienen interpretaciones legales disímiles. De la lectura del fallo en crisis se colige que la cámara a quo entiende que el plazo de prescripción aplicable al supuesto...

La pena prevista en el inc. 4 del art. 19 C.P. tiene la naturaleza de una sanción pecuniaria, pues la jubilación, pensión o retiro implica una renta sobre la que el individuo tiene derecho adquirido. Ello resulta políticamente objetable, en cuanto a que impide la subsistencia de un individuo que, según el régimen previsional del propio Estado, no se encuentra en condiciones de procurarse por sí lo...