No existe norma alguna que condicione la conducta de las partes el ejercicio por parte de los jueces de la atribución de máxima trascendencia institucional que les asigna nuestro ordenamiento jurídico, esto es la de controlar la compatibilidad con la Constitución de la Nación y con la de la Provincia, de las normas a aplicar en las causas sometidas a su conocim...

No puede ponerse en tela de juicio que la ordenanza 10.585 y la ley 9078 afectan derechos y garantías de rango constitucional en un grado que excede lo tolerable en tiempos normales y que sólo podría encontrar sustento jurídico en la doctrina de la emergencia. La postergación en el tiempo del lapso previsto en las normas impugnadas, dispuesta por una norma poster...

El control de la compatibilidad con la Constitución de la Nación y con la Constitución de la Provincia, de las normas a aplicar en las causas sometidas al conocimiento y decisión de los jueces, constituye por parte de éstos, el ejercicio de la atribución de máxima trascendencia institucional que les asigna nuestro ordenamiento jurídico; m&aac...

No puede ponerse en tela de juicio que la ordenanza 10.585 y la ley 9078 afectan derechos y garantías de rango constitucional en un grado que excede lo tolerable en tiempos normales y que sólo podría encontrar sustento jurídico en la doctrina de la emergencia. La postergación en el tiempo del lapso previsto en las normas impugnadas, dispuesta por una norma poster...

Con base en la doctrina jurídica del estado de necesidad, se admite que determinadas situaciones de emergencia, cuando reúnen los requisitos de ser imprevistas y transitorias, producen un desplazamiento o acrecentamiento de las competencias constitucionales de un órgano. En el caso de la única emergencia regulada expresamente por la Constitución Nacional con efec...

La ley 9078, a la cual adhiere la ordenanza 10.575, se limitó a ratificar el decr. 2656/01 del Poder Ejecutivo Provincial, que a su vez había declarado la emergencia económica financiera y administrativa del sector público de la provincia de Córdoba en los términos de la ley 25.344. Mientras la ley nacional prevé en su art. 13 la consolidació...

El art. 8º inc. b ley 8250, al reglar el orden de prelación de los créditos consolidados, ordena imputar en el presupuesto la suma de veinte mil pesos por persona y, por única vez, en relación con los créditos no contemplados en la exclusión de la moratoria, es decir, al crédito referido al lucro cesante y daño moral en el caso de autos. Si esos primeros veinte mil pesos tienen prioridad en el pag...

En relación con la legislación de emergencia económica, es competencia federal lo que constituye aspectos de la política económica y monetaria del país, vinculada con el marco regulatorio de la actividad de los bancos y entidades financieras. Los aspectos meramente contractuales relacionados con la mencionada legislación, no vinculados con el sistem...

Para que una legislación de emergencia pública sea constitucional deben concurrir los siguientes requisitos: a) que exista una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad; b) valoración o apreciación de tales hechos en función de la determinación de los comportamientos a seguir; c) fundamento jurídico de la emergencia, competencia, forma ...

Es procedente la aplicación de la ley 25.344 de emergencia económica, en el caso en que resulta demandada la empresa Servicios de Radio y Televisión S.A. de la Universidad Nacional de Córdoba, por tratarse de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. En consecuencia, corresponde la aplicación de lo dispuesto por el art. 8º de la ley 25.344, que establece que promovida la acción c...