Existe un derecho constitucional consolidado desde hace mucho tiempo en favor de la validez de la emergencia siempre que se cumplimenten las siguientes condiciones: realidad de la emergencia, la legitimidad de la normativa que la imponga, transitoriedad y razonabilidad.\nEl derecho de emergencia no nace fuera de la Constitución, sino dentro de ella; se distingue por el acento puesto, seg&u...

La situación de emergencia puede comprender, entre otros, los siguientes aspectos: a) verificación material de la existencia de la emergencia; b) valoración o apreciación de tales hechos en función de la determinación de los comportamientos a seguir, c) fundamento jurídico de la emergencia, competencia, forma y fin, d) razonabilidad, e) temporalidad...

La indemnización por daño material ha quedado excluida del régimen de consolidación ya que se trata de uno de los supuestos expresamente exceptuados por mandato de la ley 8250 en su art. 2º, inc. 4 (s/ reforma ley 8332), al cual -insistimos- remite la ley 8836.\nTales derechos, por su naturaleza, no resultan exclusivamente patrimoniales y configuran un mínimo a r...

La inclusión dentro del régimen de consolidación de la deuda pública, de las obligaciones que reparan daños a las personas no resulta ajustada a derecho, y en este aspecto, la ley 8836, es inconstitucional en relación al caso examinado.\nLa protección de la persona y la tutela integral de su derecho a la vida constituye el valor fundamental de todo ...

El derecho a la salud (así como la recomposición de los menoscabos padecidos por su violación) en definitiva no puede ser pensado disociadamente del derecho a la vida; la ausencia de salud es primero la enfermedad y finalmente la no-vida.\nEntre nacer y morir, el mencionado derecho a la salud se interrelaciona con una totalidad de otros derechos, que hacen seriamente pensar qu...

Es función de los jueces, ante la sucesión de las leyes de emergencia, efectuar interpretaciones, ya que el principio general no es el régimen de excepción sino el previsto para situaciones normales, por lo que en el caso de duda u oscuridad, debe priorizarse la aplicación del régimen común, con mayor razón frente a graves situaciones humanit...

Los derechos y valores superiores que se le reconocen a toda persona así como su tutela jurídica, no pueden supeditarse a las condiciones o coyunturas en las que se halle inmerso un ser humano en particular, por caso supeditar tal tutela a determinado modo de ejercer su profesionalidad o específico ámbito de actividad dependiente.\nEn sentido análogo, autorizada ...

El hipotético actor, cuando intenta la acción declarativa de certeza, puede simplemente requerir a la jurisdicción el cese de la incertidumbre por temor a ser demandado o puede ir más allá, requiriendo que luego de la declaración de certeza pretendida, el tribunal se pronuncie acogiendo o no una determinada petición....

La declaración de emergencia nacional, que dispone la ley 25.561 constituye una alteración sustancial, en el caso de relaciones entre particulares, del pacto sunt servanda fijado por el art. 1197 C.C., pues vulnera lo acordado por las partes con fuerza de ley en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, aunque con ello se ha pretendido preservar intereses superiores...

La legislación de emergencia tiene validez constitucional, porque la ley 25.561, dictada por el Congreso Nacional, declaró en su art. 1º la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en dicha ley. Ello implicó que la delegación comprendía ...