El decr. 2656/01 del Poder Ejecutivo Provincial -denominado de «necesidad y urgencia»- es manifiestamente inconstitucional toda vez que la Ley Fundamental de Córdoba no prevé este tipo de normas, como ocurre en el orden federal, donde la Constitución Nacional lo legisla expresamente (art. 99 inc. 3)....

Las cuestiones de orden netamente procesal, como la suspensión de plazos procesales abordada expresamente por el decr. 2656/2001, están reservadas al Poder Legislativo de la Provincia....

El Poder Ejecutivo Provincial no tiene atribuciones para el ejercicio del poder de policía de emergencia toda vez que, para ello, previamente debe haber una ley dictada por el Poder Legislativo que así lo establezca, lo que no ha ocurrido en Córdoba. El art. 13 Const. Pcial. prohibe expresamente a un poder delegar en otro sus atribuciones constitucionales; por lo tanto, no puede el Ejecutivo adop...

La ord. 2016 del 2001 dictada por el Concejo Deliberante de Río Tercero es inconstitucional, pues se basa en una norma superior absolutamente inconstitucional, como es el decreto provincial 2656/01....

El decr. 2656/01 contiene disposiciones que son propias de la competencia legislativa, no existiendo norma alguna que permita su ejercicio por el Poder Ejecutivo. Los argumentos que contienen los considerandos de la mencionada norma, no responden a la realidad del orden jurídico vigente en la provincia, configurando una franca incursión en un ámbito expresamente prohibido por el art. 13 de la Cons...

La suspensión de los plazos procesales que enuncia el art. 19 del decr. 2656/01, resulta a su vez, también inconstitucional por no haber sido dispuesta por el órgano constitucional competente. Sólo la Legislatura, mediante ley, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el art. 104, inc. 24 Const. Pcial, podría disponer una suspensión como la pretendida. Dicha norma viola el derecho de def...

En cuanto a las leyes 8472 y 8482, cabe señalar que la denominada «emergencia económica provincial» concluyó el 31/12/95 y fue prorrogada por el Poder Ejecutivo hasta el 31/12/96, fecha a partir de la cual rige la ley 8575 que sólo establece una emergencia «previsional», situación totalmente distinta a la indemnización de daños reclamada. No obstante ello, debe admitirse el agravio de la parte act...

En cuanto a las leyes 8472 y 8482, cabe señalar que la denominada «emergencia económica provincial» concluyó el 31/12/95 y fue prorrogada por el Poder Ejecutivo hasta el 31/12/96, fecha a partir de la cual rige la ley 8575 que sólo establece una emergencia «previsional», situación totalmente distinta a la indemnización de daños reclamada. No obstante ello, debe admitirse el agravio de la parte act...

El decr. 260/97 exige cumplimentar las condiciones implícitas y explícitas de su aplicación, no pudiendo tratarse la emergencia del sector que se contempla como una «dádiva» automática a las empresas de transporte y aseguradoras: no se trata de que la transportista requiera que se le aplique el decreto porque la beneficia, que se levante la cautelar dispuesta en su contra porque está comprendida e...

La exégesis del art. 40 ley 8575 debe efectuarse siguiendo el criterio según el cual en la hermenéutica de la ley la consideración de su texto es sólo el punto de partida, correspondiendo contemplar las razones que motivaran su sanción, dando pleno efecto a la intención del legislador y computando a tal fin la totalidad de sus preceptos. Un análisis detenido y pormenorizado del contenido de los...