La urgencia, el temor de daño, el peligro en la demora, no serán motivo de conocimiento y, en consecuencia, de prueba en relación al proceso definitivo. Lo que se probó y decidió al respecto en el procedimiento previo a la medida cautelar, sólo en el mismo momento puede ser desvirtuado o revocado. El hecho de no contar aún con el expediente administrativo de A.N.S.E.S. en donde el organismo hab...

De las cartas documentos acompañadas surge la existencia de un contrato de locación que vincula a los accionantes con la sociedad reclamada, que faculta a ésta al corte de todos los servicios suministrados en forma centralizada (Telecom, EPEC, Dipas, Gas del Centro) ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por los amparistas. No se adjunta a la demanda el mencionado contrato de locac...

1. Le asiste razón al demandado cuando plantea la defensa de falta de acción, al sostener que el Superior Gobierno de la Provincia no es la autoridad que aplica el régimen de jubilaciones, pensiones y retiros de Córdoba, pues ello está a cargo de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia, que es un ente descentralizado y autárquico con personalidad jurídica e individualidad fina...

La acción de amparo es inadmisible cuando existiese otra vía, sea jurisdiccional o administrativa, susceptible de proteger el derecho o garantía constitucional de que se trate, según lo establece la ley 4915, en su art. 2º, inc. a). En principio, la aplicación de una sanción disciplinaria no causa un gravamen constitucional al accionado que justifique la intervención jurisdiccional por la vía e...

. El art. 15 de la ley 4915 lo que excluye es el Recurso de Apelación como remedio impugnaticio apto en ciertas resoluciones, pero no así la revocatoria que hipotéticamente tendría cabida en función de lo previsto por el art. 17 de la misma ley, y en la medida de que no es lícito equiparar “inapelabilidad” con “irrecurribilidad”, todo lo cual implicaría que el inferior debió expedirse fundadamente...

1. El pronunciamiento del Inferior de rechazar “in límine” la instancia amparista impetrada, formalmente se encuentra contemplado por la norma especial adjetiva, art. 3 de la ley 4915. 2. No obstante ello, cuadra poner en resalto que la doctrina y jurisprudencia dominante han propugnado utilizar con mesura y criterio restrictivo esta facultad de iudicante a fin de no conculcar el legítimo derecho...

Sobre el problema de la sustanciación del juicio de amparo en segun-da instancia, el apelado no puede ser privado del derecho de contestar el recurso de su adversario, a menos que una norma expresa -que no existe en este caso- disponga lo contrario. A falta de una previsión explícita del legislador que establezca una restricción semejante al derecho de defensa, deben prevalecer los principios gene...

1. La entraña del amparo radica en la necesidad de dispensar una tutela jurisdiccional rápida. 2. La omisión de asistencia a la audiencia del art. 9º de la ley 4915 determina, para la ley, una presunción absoluta de desinterés de la parte en obtener el más inmediato reconocimiento del derecho constitucional que aduce le ha sido vulnerado por la demandada, y la ley no consiente, ni en grado de pr...

1. La acción de amparo, como recurso extremo y excepcional, debe estar adecuadamente fundada, debe bastarse a sí misma, no sólo en cuanto a los hechos que hacen a la plataforma fáctica del planteo, sino también en la reflexión argumentada que debe contener, de donde surjan con claridad meridiana las razones por las cuales el recurrente considera que determinada conducta u omisión vulnera sus derec...

1. En el análisis de la procedencia formal del amparo se debe rescatar el interés público en la preservación de los principios y garantías constitucionales frente a los actos de autoridad que resultan lesivos de éstos, puesto que únicamente de este modo se atiende a los valores de la seguridad jurídica y de la justicia. 2. A los fines del cómputo del término de caducidad del art. 2º de la ley, no...