La institución denominada prejudicialidad o presentencialidad penal pretende evitar el dictado de sentencias contradictorias y consiste en la prohibición que tiene el juez civil de dictar sentencias cuando existe una causa penal anterior o concomitante con la civil en la que se debatieron los mismos hechos. La normativa consagró un principio general consistente en el deber del juez de suspender el...
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El decreto en virtud del cual el tribunal admite la demanda, no determina el objeto litigioso -salvo el rechazo liminar de alguna pretensión- sino que, además del pronunciamiento sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la demanda, tiene por finalidad la determinación del trámite a imprimir a la pretensión de carácter declarativo, sea juicio abreviado u ordinario. Si el proveído inicial no rech...
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La existencia o inexistencia de actividad laboral carece de efecto determinante en relación al daño psicológico, así como respecto al grado de incapacidad que éste genere. Dichos extremos son de específico conocimiento de la perito psicóloga interviniente, motivo por el cual los estudios y/o entrevistas realizados son por ella misma definidos y resulta erróneo y arbitrario sostener que un informe ...
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Esta modalidad de relación entre dos personas, unidas en aparente matrimonio por afecto, sin voluntad de contraer nupcias por diversos motivos que se mantienen en su fuero íntimo y que comparten una vida y proyectos comunes, generando efectos que repercuten en el plano social y jurídico, ha sido reconocida por el nuevo Código y denominada «unión convivencial».
El análisis del art. 512 del C.C. ...
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El reconocimiento de la filiación es un acto jurídico familiar, voluntario y unilateral. Depende de la iniciativa del progenitor y no requiere de la aceptación de hijo, no siendo éste un acto facultativo supeditado al arbitrio de aquél. El ordenamiento jurídico tutela el interés del hijo a ser reconocido y emplazado en el estado de familia que le corresponde y este derecho subjetivo se relaciona c...
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El letrado carece de legitimación para impugnar el procedimiento sobre costas.
Tiene dicho la jurisprudencia que el abogado, en su condición de acreedor de los honorarios, está autorizado a intervenir en juicio únicamente en defensa de la regulación, mas no puede hacerse parte para provocar un pronunciamiento sobre derechos que corresponden a los litigantes principales, como son los relativos ...
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El Ministerio Público es una institución bicéfala que está integrada por la Procuración General y la Defensoría General de la Nación, cuyas funciones son concretar la política persecutoria y ejercer la defensa de los ciudadanos, respectivamente. Este diseño institucional es una exigencia republicana y, como tal, se encuentra replicado -con algunos matices- en los ordenamientos provinciales, con es...
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No tienen que pesar sobre el Ministerio Público de la Defensa deberes y obligaciones que de cualquier modo se encuentren emparentados con la política persecutoria del Estado. Esto, no sólo porque se trata de una función exclusiva y excluyente del Ministerio Público Fiscal sino porque el propio sistema de justicia pretende -cual fin en sí mismo e independientemente de procurar que ningún hecho grav...
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La pretensión del recurrente de asimilar la infracción a la cosa juzgada con el mero conflicto teórico de opiniones, amén de no haber sido admitida nunca en la jurisprudencia de este Tribunal (Sent. Nº 37/85), está excluída por la propia norma, pues el inc. 7 del mismo artículo contempla precisamente la interpretación contradictoria de la ley como motivo de impugnación. Ciertamente, la ley no adol...
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La doble condición de accionista y directora suplente que ostenta la incidentada contra quien se pretende la extensión de la condena, aparece como una pieza necesaria de la existencia misma de la sociedad anónima. De lo contrario, de no haber adquirido parte de las acciones y ser directora suplente, la sociedad no podría haber existido ni actuado al menos en el plano formal.
Si bien es cierto q...
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