La calificación de las ofensas y agravios debe tener en cuenta la educación, el nivel socio-cultural, el desa¬rrollo de las relaciones conyugales y el origen de las desavenen¬cias matrimoniales, de lo cual se obtiene una base histórica cierta para apreciarlas. El hecho de ser víctima de una causal de divorcio no autoriza al otro cónyuge a proceder injuriosamente, no obstante es comprensible que q...

No existe en el régimen procesal civil cordobés nulidad de los actos procesales si la irregularidad no produce agravio (art. 76 C.P.C.), y además quien promueva el incidente de nulidad, en el mismo acto «deberá expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración o mencionar las defensas que no ha podido oponer» (art. 77). En el caso sub examen el incidentista no ha ...

Conforme a la ley 1419 que regía al momento de dictarse el decreto impugnado el pago de las costas de la rebeldía era condición de admisibilidad de la comparecencia del rebelde. Precisamente porque el rebelde no cumplió con esta exigencia normativa es que los escritos presentados no fueron procesalmente admitidos por el inferior, aunque hayan sido materialmente incorporados al expediente. Lo mis...

Los actos procesales de parte no producen efectos por sí mismos, sino que para ello es menester la disposición del órgano jurisdiccional que lo admita. La constitución de domicilio en autos, requería de la admisión por el tribunal, toda vez que, de conformidad a lo dispuesto en el art. 25 debía ser fijado dentro del perímetro que para cada sede fijase el Tribunal Superior de Justicia «sin lo c...

Si el tribunal concedió erróneamente el recurso directo interpuesto por el incidentista y corrió traslado para contestar agravios «por el término de ley», sin aclarar a cual norma se estaba refiriendo, ha inducido a confusión a la impugnante, que pudo válidamente entender que el plazo para evacuarlo era el previsto en el Código de Procedimiento y no el establecido en la ley sustantiva que se invoc...

En el caso no corresponde imponer costas porque ambas partes han tenido razón para litigar (art. 130, in fine, C.P.C.)....

El reescalafonamiento erróneo, arbitrario y por ende ilegítimo, entra en la esfera de aquellos actos que el ente estatal realiza en cumplimiento de su función y en la esfera del derecho público. El daño moral es aquel que, a diferencia del material, lesiona las afecciones íntimas del sujeto, todos aquellos padecimientos de orden moral cuya verificación en definitiva siempre requiere que el sen...

El art. 38 de la ley del cheque establece que la constancia del rechazo que le otorga ejecutividad al cheque, pues equivale al protesto, deberá ser suscripto por persona autorizada. Recién queda expedita la vía ejecutiva que el tenedor podrá iniciar contra el librador, endosantes y avalistas. En tal sentido, la jurisprudencia es nutrida. Tal constancia que abre la vía ejecutiva debe estar fundada ...

En el juicio ejecutivo, por su propia naturaleza, el juez debe producir un doble análisis del título, uno primero, al darle trámite a la ejecución, meramente estimativo, no decisorio. Y uno segundo, oportunidad en dictar sentencia, en la que se ordena llevar adelante o rechaza la ejecución; oportunidad en la que está obligado y facultado a analizar el título, aun de oficio, para decidir en torno a...

La doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que la concesión no es un contrato de derecho común entre iguales, sino que es el acto legislativo mediante el cual el Estado delega en una empresa la debida realización de un servicio público (leyes 17.520 y 23.696). La tarifa que abona el usuario a la empresa concesionaria es de naturaleza tributaria, toda vez que, desde el punto...