En relación a la necesidad de sumario previo, no puede aplicarse lo que al respecto reglamenta una norma de carácter general como la ley 22.140, que sólo es de aplicación en forma supletoria y en aquellos tópicos no previstos por la ley especial. En el caso, el art. 36 inc. 5 del Estatuto Universitario establece claramente que para disponerse la cesantía de un empleado debe previamente instruirse ...

En el ordenamiento jurídico que propone el Estado de derecho, impone a los poderes constituidos la obligación de ajustar sus actos a los principios que informan las prescripciones de la constitución. Siendo así, el poder administrador y sus órganos pueden instar en causa judicial concreta en la que sea parte, la declaración de inconstitucionalidad de normas legislativas cuando conceptúe no se comp...

En el ordenamiento jurídico que propone el Estado de derecho, impone a los poderes constituidos la obligación de ajustar sus actos a los principios que informan las prescripciones de la constitución. Siendo así, el poder administrador y sus órganos pueden instar en causa judicial concreta en la que sea parte, la declaración de inconstitucionalidad de normas legislativas cuando conceptúe no se comp...

La ley nacional de telecomunicaciones º 19.798 veda a las provincias o municipalidades expropiar las instalaciones de telecomunicaciones, suspender, obstaculizar o paralizar las obras y servicios de jurisdicción nacional. Puede conceptualizarse al servicio público de telecomunicaciones subsumiéndolo en la expresión «comercio» del art. 75 inc. 13 de la Constitución Nacional; y así cuando la Nación...

Tal como se ha sostenido por más de cincuenta años de aplicación del sistema de valoración de la prueba, dispuesta por el Código Procesal de la Provincia (libre convicción o sana crítica racional), sólo se podrá condenar mediando certeza, alejándose de las simples conjeturas. No es otra la exigencia de la ley que previó que las cuestiones de hecho serán fijadas valorándose los actos del debate con...

Con el advenimiento del derecho penal democrático, la ley -casi siempre sabia- ha previsto ante ello una serie de pautas y garantías tendientes a resguardar al individuo y a la sociedad toda de las arbitrariedades que caracterizaron oscuras etapas de la civilización. De allí que la premisa mayor debe ser la ley; la menor, la acción conforme o no con la ley y, en consecuencia, la libertad o la pena...

En autos ha quedado indiscutido el derecho de S.A.D.A.I.C. a cobrar los aranceles reclamados por la difusión de repertorios musicales en una confitería bailable (leyes 11.723 y 17.648; art. 3º inc. b, decr. 5146/69, y tabla de aranceles de S.A.D.A.I.C. -Rubro I, punto 8, inc. a-) ejerciendo el derecho de percepción respecto de quienes explotan locales en los que se ejecutan públicamente las obras ...

La asignación de las costas no finca en esencia en una cuantificación de orden matemático sino jurídica, por lo que habiendo la actora obtenido el derecho a percibir los aranceles que reclama, realizando un esfuerzo probatorio para viabilizar su derecho, ha logrado justificarse las costas al vencido....

La doctrina y jurisprudencia mayoritarias consideran que el damnificado en un accidente de tránsito cumple con la carga de la prueba de acreditar la existencia y cuantía de los daños que ha padecido su vehículo, si acompaña presupuesto de tallerista y lo hace reconocer en juicio, siempre que las reparaciones descriptas en el presupuesto guarden razonable vinculación con las características del acc...

En este tipo de daño (daños «internos» como ser en la caja de cambios y sistema de transmisión del vehículo), que no puede ser percibido a simple vista a través de una fotografía, corresponde exigir dos requisitos básicos de admisibilidad, a saber: 1) verosimilitud de la relación causal entre la naturaleza y magnitud del impacto, por un lado y la entidad del daño que se alega, por el otro; 2) demo...