El art. 2º de la ley 23.098 establece que la aplicación de esta ley corresponderá a los tribunales nacionales o provinciales, según el acto denunciado como lesivo emane de autoridad nacional o provincial. En el caso de interposición de una acción de habeas corpus correctivo colectivo, por el que se denuncian conductas ilícitas provenientes de un organismo público penitenciario perteneciente a la e...

Los internos alojados en establecimientos penitenciarios gozan del derecho a la visita, encaminado éste a respetar y optimizar el contacto con el mundo exterior de las personas que soportan una medida privativa de la libertad, fomentando el contacto personal y directo, mediante visitas periódicas con sus familiares, representantes legales y con otras personas, especialmente con sus padres, hijos e...

El acceso por parte de agentes de fuerzas de seguridad a ciertas partes del cuerpo que las personas quieren preservar de la vista de los demás y con un alto contenido sexual, implicó un trato denigrante, indigno y que comprometía intensamente la intimidad de la imputada. Tal afectación a derechos fundamentales, tenía que encontrarse amparada en razones suficientes que justificaran el procedimi...

El derecho a la tutela judicial efectiva implica que la razón principal por la que el Estado debe perseguir el delito es la necesidad de dar cumplimiento a su obligación de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas. No podría ser garantizada la pretensión del querellante si no puede ser oída por un juez competente en la etapa de instrucción. No tendría sentido la disposición del últi...

La C.S.J.N. en el precedente “Daray” dejó sentado las exigencias que deben preceder a la detención de una persona para poder sostener su validez constitucional, haciendo especial hincapié que la cuestión debe regirse estrictamente por el principio de legalidad. El máximo tribunal analizó la legislación vigente que autorizaba a restringir la libertad ambulatoria de los habitantes de la República, c...

Debe seguirse el principio de legalidad como pauta válida para el examen de la constitucionalidad de una detención, conforme se indica acertadamente en el precedente “Daray”, pues al momento de examinar la razones que existieron para detener a una persona debe evitarse “... apartarse del principio primario de la sujeción de los jueces a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepcio...

De acuerdo con las normas procesales que contemplan la “eximición de prisión”, el principio rector en la materia es la libertad del imputado en el proceso, admitiendo restricciones en los casos expresamente contemplados, tal como puede leerse en el dispositivo del art. 280 del Código ritual. Sobre esta base, una interpretación sistemática de los arts. 316 2ª parte y 317 inc. 1 C.P.P.N., indica que...

La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena, si bien son factores a tener en cuenta para determinar el riesgo procesal, no resultan suficientes, luego de trascurrido cierto plazo, para justificar la continuación de la prisión preventiva. En este sentido, el peligro de ocultamiento o fuga disminuye a medida que aumenta la duración de la detención, ya que este plazo será computado a lo...

Frente a los bienes jurídicos, la protección del derecho penal no es absoluta ni ilimitada, sino que, por el contrario, dicha protección contempla casos o circunstancias en que la afectación de un bien jurídico no resulta penalmente punible. En este sentido, el concepto cumple una función de límite del poder punitivo del Estado o de garantía de derechos (del voto por la mayoría del Dr. Sánchez Tor...

\r\nLa acción declarativa prevista por el art. 322 C.P.C.C.N., tiende a determinar la existencia de un estado de incertidumbre a fin de eliminar en forma inmediata la duda razonable que repercute sobre el patrimonio del supuesto afectado, reinstaurar el imperio del derecho y así obtener una declaración de certeza que establezca si se encuentra suspendida -o no- la prohibición de aplicar el ajuste ...