Los recibos de sueldos acreditan la retracción del salario y su impacto en el parámetro general. Se debe realizar un examen comparativo de las remuneraciones con el fin de verificar la afectación de éstas a los fines del art. 12 L.R.T. No se observan las máximas de la experiencia, cuando se soslaya los incrementos salariales otorgados en el período de que se trata, y el aumentó la percepción p...

Si el adquirente por boleto de compraventa hubiere incoado tercería de dominio, ello por sí solo no acarreará el rechazo de su pretensión, que puede ser reconducida oficiosamente por el juzgador como tercería de mejor derecho. En virtud del principio iura novit curia, el juzgador tiene la facultad de calificar la relación jurídica objeto de la litis encuandrándola correctamente desde la óptica ...

La reforma de la ley 17.711 no alcanzó a conciliar totalmente las tensiones que existen y se suscitan entre los legítimos derechos del adquirente por boleto y las necesidades sociales de certeza y seguridad jurídica que el tráfico inmobiliario reclama. El novel ordenamiento sustancial ha tomado decidida posición, optando claramente por ampliar -bajo ciertas condiciones- la protección jurídica d...

Resulta impugnable en casación la resolución que rechaza agravios concernientes a la garantía de la duración razonable del proceso. Ello así por cuanto éstos encarnan prima facie un gravamen irreparable. Es que en la medida en que se haya excedido efectivamente el lapso razonable para obtener un pronunciamiento, se habrá conculcado en forma concreta esta garantía, y la mera continuación del proces...

El transcurso de un prolongado período de tiempo -o la existencia de paréntesis de inactividad procesal- no basta por sí sola para concluir sobre el respeto o avasallamiento de la garantía de la duración razonable del proceso, sino que debe ser conjugada con las demás variables que la recepción jurisprudencial de esta garantía ha delineado (la complejidad del asunto, la actuación del tribunal y el...

El art. 4.1 CADH reza textualmente que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente y la Corte IDH ha establecido que de acuerdo con el art. 1.1 de la Convención, los Estados están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella. Es así que en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder e...

La extorsión (art. 168 C.P.) constituye un delito de ofensa compleja que lesiona la libertad de determinación de las personas y la propiedad, pues afecta la libre determinación de la persona en relación con la propiedad. Conforme a esta pluralidad de bienes afectados, se requiere el empleo de medios compulsivos (intimidación, simulación de autoridad o de falsa orden de ella) para obligar a la víct...

La facultad discrecional de fijar la pena es exclusiva del tribunal de juicio y revisable en casación en supuestos de arbitrariedad. Dentro de ese margen de recurribilidad relativo a las facultades discrecionales del tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva. El control alcanz...

Los aspectos subjetivos no pueden ser aprehendidos a través de la percepción directa del juzgador, sino que pueden y deben ser derivados a partir de la conducta desenvuelta por el agente que forma parte de la imputación. Los aspectos subjetivos dados por ciertos por el tribunal de mérito constituyen una cuestión fáctica El delito de maltrato animal contemplado en el art. 2º inc. 4 de la ley...

El consentimiento del fiscal resulta insoslayable para habilitar la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis, 4º párrafo, C.P.). Para que el dictamen fiscal negativo vincule al juez que debe resolver un pedido de suspensión del juicio a prueba, el mismo debe reunir determinadas condiciones. Ello es así, pues una denegatoria carente de debida fundamentación configura un ejercicio arbitrario d...