Desde el punto de vista sustancial, todo comunero tiene derecho a pedir la división de la cosa común, derecho cuya ratio legis es facilitar la extinción de los condominios por considerar que éstos obstaculizan el comercio de bienes, estando reservado al ámbito de la voluntad de cada condómino, si dicho pedido lo canalizará por la vía judicial o extrajudicial. Desde el punto de vista procesal, l...

Cuando el accionado se allana, está haciendo propio el pedido del actor, de manera que su emplazamiento procesal como demandado allanado, antes que un opositor, debe ser entendido como un reclamante de consuno con el actor. En definitiva, hace suya una demanda que reviste utilidad para ambas partes y en razón de ello, el principio rector, es que las costas sean impuestas por el orden causado. D...

No es válido tomar como paradigma, que la división extrajudicial es siempre la más conveniente para todos los condóminos, ya que pueden existir motivos legales o privados para que ésta se realice de manera judicial y aún más, también puede existir legítimo interés para que se practique por subasta pública. Convenir la finalización del condominio mediante venta privada de la cosa común, importa aco...

Como cualquier demanda y en un aspecto que termina siendo crucial para esta cuestión accesoria de costas, es absolutamente relevante que se indique claramente en el exordio inicial la forma de dividir en concreto que fue propuesta, ya que obviamente y ante una diferencia de criterios en cuanto a precios, plazos, financiaciones, etc., que provoque su frustración, no implica dicha desavenencia por s...

La caducidad en materia concursal no necesita denuncia alguna de las partes para que se configure, siguiendo el criterio sentado por el más alto tribunal provincial; ésta opera automáticamente, sin necesidad de petición de parte o de declaración judicial, pues el art. 273 inc. 1 L.C.Q., dispone que todos los plazos son perentorios. La perención o caducidad de instancia, en los supuestos admisib...

El acreedor que planteó su pretensión verificatoria, ofreció su prueba y agregó la documental con ajuste al art. 281 L.C.Q., luego de contestado el traslado debió -si quería interrumpir la perención- solicitar la apertura a prueba dentro de los tres meses posteriores al referido proveído. En este caso, ésta se constituye en la petición interruptiva por excelencia, pues así resulta del trámite acor...

La naturaleza de la acción ejecutiva impide la remisión a elementos extraños al documento cuyo pago se persigue, pues adoptar un criterio distinto sería desnaturalizar la esencia y razón de ser del proceso de ejecución. La inhabilidad del título sólo resulta viable cuando se cuestiona su idoneidad jurídica, porque no reúne los requisitos que condicionan su fuerza ejecutiva. Cuando el Estado re...

La estricta aplicación del art. 330 C.P.C.C. ha ido variando con el tiempo, doctrina y jurisprudencia propician su flexibilización -máxime en causas de familia- lo que permite al juez fallar un asunto litigioso de esencia transigible más allá de lo pretendido y aceptado por las partes....

Como en toda acción contenciosa de divorcio, incumbe la comprobación judicial de los hechos configurativos de la causal invocada (injurias graves) a quien alega haberlas padecido. La circunstancia de haberse rendido sólo prueba testimonial no puede -en modo alguno- invalidar o menguar la acreditación acabada de los hechos ni el grado de convicción de la sentenciante, como para afectar la decisión ...

La deuda resulta inexigible en virtud de haberse promovido acción contencioso administrativa tildando de nulos los actos administrativos que operan de soporte al certificado que se ejecuta, por la naturaleza penal de los rubros ejecutados, y por resultar derivadas de períodos fiscales prescriptos, se encuentran necesariamente prescriptas. La acción ejecutiva resulta prematuramente deducida por...