Durante la ejecución de la pena deben ser compatibilizados dos principios centrales. Por un lado, la progresividad que implica una orientación durante la ejecución de la pena privativa de libertad tendiente a “limitar la permanencia del interno en establecimientos cerrados” (art. 6º ley 24.660) y, por el otro, la individualización que remite a contemplar las necesidades del tratamiento personaliza...

El trabajo constituye un derecho y un deber del interno y conforma una de las bases del tratamiento ya que tiene directa incidencia en la formación de los penados, para luego poder desempeñarse en la vida libre. El juez de ejecución, en virtud del deber de control judicial permanente de la ejecución de las penas y el organismo técnico del establecimiento carcelario, tienen el deber de implement...

El valor conviccional de los simples señalamientos es relativo, ya que, por lo general, los así reconocientes no tuvieron la posibilidad de confrontar su recuerdo con otras imágenes semejantes, para diferenciarlo de ellas y luego seleccionar una coincidente con ese recuerdo, y de ese modo poder realizar, en mayor o menor medida, el juicio comparativo que pudiera ser positivo o no. Además, la falta...

Desde el punto de vista del bien jurídico protegido, se trata de un delito contra la salud pública. Se trata de un interés supraindividual, de titularidad colectiva y de naturaleza difusa, pero de manera complementaria de la salud personal de cada individuo, debido a que es susceptible de fragmentarse en la pluralidad de situaciones subjetivas que la integran. La estructura del tipo demuestra ...

La excepción de falta de acción (art. 17 inc. 2 C.P.P.) comprende, entre otras hipótesis, los casos de atipicidad en tanto ella sea evidente, clara o patente. La posibilidad de truncar el proceso anticipadamente, tornando procedente la excepción de falta de acción por atipicidad, está supeditada a que la falta de adecuación del hecho a una figura penal resulte palmaria. La figura penal contempl...

El principio de legalidad penal (arts. 18 y 19 C.N., 9 C.A.D.H. y 15.1 P.I.D.C.P.) importa una barrera infranqueable que impide atribuir a los imputados la infracción al tipo penal contenido en el art. 7º de la ley nacional de lucha contra el alcoholismo. Como sabemos, este principio impide avanzar sobre los tipos penales creando, analogía mediante, conductas ilícitas no tipificadas en la legislac...

Cuando la ley penal (art. 72 C.P.) decide subordinar el ejercicio de la acción penal pública a una manifestación de la voluntad de la víctima a través de la instancia privada, no hace más que dejar en manos del agraviado la decisión de permitir o no el inicio de la persecución penal....

En 2009 fue promulgado el régimen de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, comúnmente conocido como ley 26.485 contra la violencia de género, la cual se ciñe en sus fundamentos a las garantías consagradas por la C.E.D.A.W (con rango constitucional) y la Convención de Belém do Pará (...

Aunque no se discute el interés social que despiertan las conflictivas absorbidas por dichas normas, esto no importa asimilarlo a las razones de interés o seguridad pública que autorizan la actuación de oficio frente a casos en donde el impulso procesal se encuentra sujeto a la voluntad privada. La posibilidad de tratar la problemática a través de los organismos especializados previstos por el ...

Los daños punitivos requieren en primer lugar la presencia de un elemento subjetivo que supera la culpa. Debe existir una conducta deliberada, Lde culpa grave o dolo, actuación casi maliciosa o de negligencia grosera. El segundo es el elemento objetivo, esto es, que produzca un daño, individual o colectivo, que supere el umbral ordinario para tener trascendencia social o gravedad institucional que...