Las autoridades de provincia carecen de atribuciones para disponer por sí la suspensión del ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos o imponer sobre ellos restricciones extraordinarias invocando una emergencia, como así también para ampliar el alcance de las dispuestas por las autoridades fe...

Entrando a examinar las disposiciones en particular de la ley 9322, advertimos la irrazonabilidad de las obligaciones que se imponen al acreedor en el art. 3, ya que: a) El deber de informar sobre el modo en que aplica el acreedor la ley 25.713 (inc. a, primera parte) resulta a todas luces inconducente porque, en todo caso, es deber del tribunal resolver conforme a la referida ley y sus modificato...

Finalmente y confirmando la inconstitucionalidad de la ley 9322, se advierte que ésta establece un tratamiento desigual entre los deudores de obligaciones contraídas en dólares y pesificadas y los deudores de obligaciones contraídas en pesos, que no tiene justificativo alguno. Es verdad que este planteo no ha sido formulado por las partes, pero el tribunal está o...

Debe determinarse el importe que debe ser restituido a la demandada con motivo de la resolución contractual, el que se había abonado en dólares estadounidenses, habiendo aquella consentido la pesificación de su crédito en los términos del art. 11 ley 25.561, modificado por art. 3...

De conformidad con lo preceptuado por los arts. 179 y 180 del C. de P.C., el demandante podrá ampliar o moderar la petición siempre que para ello se funde en hechos que no impliquen un cambio de acción, pudiendo efectuar la aludida ampliación en cualquier estado de la causa, hasta la citación para sentencia; y si se sustentara en hechos no alegados en la demanda,...

Entre los presupuestos que nutren el tema de las nulidades procesales se encuentra el de trascendencia, plasmado en la máxima pas de nullité sans grief, que significa que las nulidades no existen en el mero interés de la ley: no hay nulidad sin perjuicio. Se requiere que quien invoca el vicio formal, alegue y demuestre que éste le produjo un perjuicio cierto e irreparab...

Las garantías entre las que se cuenta la de defensa en juicio (arts. 39 y 40 C.P. y 18 C.N.), son instituciones de seguridad, creadas en favor de las personas con el objeto de que tengan un medio para hacer efectivo el reconocimiento del derecho. Esta comprende el derecho a ser oído, de ofrecer y producir pruebas, a una resolución fundada y a impugnar la decisión, lo qu...

La exigencia de una demostración del agravio se corresponde igualmente con los principios de economía procesal y eficacia del proceso. Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia vienen abriéndose camino en orden a la desacralización de las formas, en el entendimiento que los esquemas procesa-les, contingentes al servicio de realización y facilitación del...

El allanamiento ha sido conceptualizado como la declaración de voluntad del demandado en cuya virtud reconoce la fundabilidad de la pretensión interpuesta por el actor. En tanto importa un reconocimiento del derecho pretendido por el demandante, implica un abandono a la oposición o discusión de la pretensión.\nAun admitiendo que el allanamiento importe más...

Si bien el régimen vigente sienta el principio de la eximición de costas para la parte que válidamente se allana a la pretensión de su oponente, establece también dos supuestos de inaplicabilidad de dicha regla que se corresponden con las dos hipótesis de responsabilidad del allanado, a saber: a) que mediara mora de su parte; b) resultare culpable de la re...