La exigencia de que todo requerimiento del Ministerio Público sea motivado en forma específica (art. 154 C.P.P.) y por ende, que lo sea también su solicitud de condena al formular las conclusiones finales del debate, tiene como uno de sus objetos garantizar la defensa del encartado. Entonces, a fin de no vulnerar tal principio, ello debe requerirse también para el pedid...

La exigencia de que los requerimientos del Ministerio Público sean fundados no son las mismas según se trate de un pedido de condena o de un pedido de absolución. Ello es así por cuanto en este segundo caso (pedido de absolución), la solicitud formulada reviste carácter vinculante impidiendo un pronunciamiento condenato-rio, por lo que su formulació...

Pese a que los tribunales están obligados a regular honorarios a la contraria de la condenada en costas en toda resolución interlocutoria o definitiva (art. 25 ley 8226), no corresponde efectuar regulación alguna con relación a un informe deducido en forma extemporánea, y por ello no admitido formalmente...

El querellante particular está facultado para requerir la imposición de una pena aun cuando el fiscal solicite la absolución del sometido a proceso; pues de ello depende que pueda recurrir en casación la sentencia absolutoria...

Mediando un pedido de condena del querellante particular, la resolución condenatoria dictada no resulta vulneratoria de los principios del debido proceso ni del derecho de defensa en juicio del encartado, aun cuando el fiscal de cámara haya solicitado su absolución. Ello así, porque el art. 18 C.N. no hace distingo alguno entre el órgano público o el &oacu...

La regulación de honorarios integra el concepto de costas judiciales las que constituyen materia procesal de competencia de las respectivas autonomías provinciales. El legislador nacional al regular sobre los límites al pago de aquellas ha excedido su competencia conforme el reparto que deriva de la Constitución Nacional, en tanto en los hechos se traduce en un lí...

La norma nacional limita la responsabilidad del deudor por el pago de las costas sin interferir en la aplicación de las que rigen el acto regulatorio. El juez debe determinar los honorarios de acuerdo con las leyes arancelarias y sólo al liquidar la deuda, si el total de las costas es superior al 25% de la condena, computará el prorrateo para ajustarlo a ese tope. Esa decisi&o...

La regulación de honorarios integra el concepto de costas judiciales las que constituyen materia procesal de competencia de las respectivas autonomías provinciales. El legislador nacional al regular sobre los límites al pago de aquellas ha excedido su competencia conforme el reparto que deriva de la Constitución Nacional, en tanto en los hechos se traduce en un lí...

El Código Civil aparece estructurado con un método coherente y lógico, en cuanto agrupa en un mismo artículo, el 3879, los dos únicos privilegios que son susceptibles de operar tanto generales como especiales, según las distintas situaciones que pueden presentarse, y reúne luego en un artículo aparte, el siguiente 3880, todos los verdaderos y...

Hay tributos que tienen privilegio especial: los que se aplican particularmente a determinados bienes (art. 241 inc. 3 L.C.). Respecto de estos tributos, según la teoría tradicional, el fisco en juicio individual tiene privilegio general. Para poder hacerlo valer debe obtener la declaración de quiebra del deudor, pero, paradójicamente en el proceso falencial, va a gozar...