No puede ponerse en tela de juicio que la ordenanza 10.585 y la ley 9078 afectan derechos y garantías de rango constitucional en un grado que excede lo tolerable en tiempos normales y que sólo podría encontrar sustento jurídico en la doctrina de la emergencia. La postergación en el tiempo del lapso previsto en las normas impugnadas, dispuesta por una norma poster...

El control de la compatibilidad con la Constitución de la Nación y con la Constitución de la Provincia, de las normas a aplicar en las causas sometidas al conocimiento y decisión de los jueces, constituye por parte de éstos, el ejercicio de la atribución de máxima trascendencia institucional que les asigna nuestro ordenamiento jurídico; m&aac...

No puede ponerse en tela de juicio que la ordenanza 10.585 y la ley 9078 afectan derechos y garantías de rango constitucional en un grado que excede lo tolerable en tiempos normales y que sólo podría encontrar sustento jurídico en la doctrina de la emergencia. La postergación en el tiempo del lapso previsto en las normas impugnadas, dispuesta por una norma poster...

Con base en la doctrina jurídica del estado de necesidad, se admite que determinadas situaciones de emergencia, cuando reúnen los requisitos de ser imprevistas y transitorias, producen un desplazamiento o acrecentamiento de las competencias constitucionales de un órgano. En el caso de la única emergencia regulada expresamente por la Constitución Nacional con efec...

La ley 9078, a la cual adhiere la ordenanza 10.575, se limitó a ratificar el decr. 2656/01 del Poder Ejecutivo Provincial, que a su vez había declarado la emergencia económica financiera y administrativa del sector público de la provincia de Córdoba en los términos de la ley 25.344. Mientras la ley nacional prevé en su art. 13 la consolidació...

El control de la compatibilidad con la Constitución de la Nación y con la Constitución de la Provincia, de las normas a aplicar en las causas sometidas al conocimiento y decisión de los jueces, constituye por parte de éstos, el ejercicio de la atribución de máxima trascendencia institucional que les asigna nuestro ordenamiento jurídico; m&aac...

La ley y la ordenanza cuestionadas, pretenden modificar el derecho a percibir los intereses pertinentes conforme la tasa establecida en el pronunciamiento jurisdiccional, que los apelados habían adquirido e incorporado a su patrimonio en virtud de sentencia firme. La restricción que se pretende imponer, ya no es ni siquiera una postergación excesivamente prolongada en el tiemp...

La falta de fundamentación en la aplicación de sanciones constituye una violación al principio de juridicidad, al que debe estar sometida toda la actividad de la administración pública....

La falta de fundamentación en la aplicación de sanciones constituye una violación al principio de juridicidad, al que debe estar sometida toda la actividad de la administración pública....

El recurso administrativo que aún se encuentra en trámite no impide la presentación de una acción de amparo en sede judicial, ya que cada una de estas alternativas procesales persigue la satisfacción de intereses distintos; en el primer caso dejar sin efecto una medida de tipo administrativo y en el segundo, resguardar la defensa de las garantías constitu...