El examen de si determinadas probanzas constituyen elementos de prueba sobrevinientes con posterioridad a la condena, que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió, o que el hecho cometido encuadra en una norma penal más favorable (art. 489, inc. 4, C.P.P.) debe llevarse a cabo con particular precaución, reparando en la...

La observancia regular de los reglamentos carcelarios, como presupuesto exigido por el art. 13 C.P., a los efectos de obtener la libertad condicional, no exige que su cumplimiento sea en grado absoluto, sin infracción de ninguna especie, sino que debe ser «con regularidad», que demuestre una adaptación del gobierno de las acciones durante el término del cumplimiento de la pena. La observancia re...

Entre los requisitos para la validez de la sanción administrativa, se cuenta el de la contemporaneidad que debe existir entre ésta y el hecho punible. El art. 38 de la ley 22.140 dispone que el personal no podrá ser sancionado después de haber transcurrido tres años de cometida la falta que se le imputa....

Si bien la tramitación del sumario administrativo tiene efectos suspensivos, conforme lo dispone el decr. 1797/80 (reglamentario de la ley 22.140) ese efecto no puede extenderse ilimitadamente. Sostener tal criterio atentaría contra el principio de la seguridad jurídica que garantiza el debido proceso legal, pues se correría el riesgo de que a una persona pueda mantenérsela sine die sometida o vin...

El art. 93 del Reglamento de Investigaciones, decr. 1798/80, establece un plazo de 90 días para que el instructor sustancie el sumario, contados desde la fecha de notificación de la designación del instructor y hasta la resolución de clausura. Este término no es fatal, puede ser ampliado por razones fundadas y siempre dentro de un marco de razonabilidad. Habiéndose dispuesto la iniciación del sum...

Sin desconocer el carácter suspensivo de la prescripción que reviste la sustanciación de un sumario administrativo, al momento de imponerse la sanción de suspensión al actor, ya había prescripto para la autoridad administrativa la posibilidad de hacerlo, por lo cual debe disponerse la revocación del acto administrativo que la dispuso....

La escala penal de la tentativa de delitos con pena divisible se obtendrá disminuyendo un tercio el mínimo y la mitad del máximo. Razones de interpretación sistemática ponen de manifiesto que el Código Penal, al establecer la escala penal en los delitos que la determinan, lo hace mencionando el mínimo y después su máximo. Lo mismo ocurre, casi sin excepción, en las leyes penales especiales (v.gr. ...

Sostener que la limitación a la responsabilidad por el pago de las costas impuesta por el actual art. 505 C.C. (según ley 24.432) sólo beneficia al demandado condenado, y no al actor civil condenado en costas, por el rechazo total de la demanda, resulta violatorio del art. 16 C.N. (igualdad ante la ley) al imponer un trato distinto al actor y al demandado frente a los riesgos del litigio y la even...

Para el cómputo del porcentaje que constituye el tope legal de la condena en costas, no deben incluirse «los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas» (art. 505 C.C., seg. ley 24.432). Dicho rubro comprende no sólo a los abogados que ejercieron la defensa del actor, sino también a los peritos de control que haya designado, ya ...

El excedente del tope legal de la condena en costas, queda fuera de dicha condena, debiendo ser prorrateado entre los beneficiarios (art. 505 C.C., seg. ley 24.432) es decir, entre los comitentes. Ello porque la causa del derecho a cobrar honorarios es el contrato celebrado entre el abogado y su cliente y éste es el deudor primero de esa obligación....