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Si bien el decreto 146/01 determinó que el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento del pago de la multa cuando no se hubiera hecho entrega de las constancias de aportes o del certificado dentro de los treinta días corridos posteriores a la extinción del contrato, frente a la negativa de la relación por parte del empleador, pierden relevancia los plazos legales otorgados a éste ...

El recurrente, al solicitar que se impongan las costas al actor por los rubros que no prosperaron, no asume que el a quo, a pesar de que los reclamos prosperaron por importes menores a los reclamados, consideró a la accionada vencida en el pleito y la responsabilizó por las costas, basado en el dispositivo que rige la materia en el ordenamiento procesal laboral (art. 28 C.P.T.)...

La vida humana es un derecho de la personalidad, el más importante de todos, pero no constituye un bien en el sentido del art. 2312 C.C., no puede cotizarse en dinero y está fuera del comercio. Por lo tanto, no puede indemnizarse su pérdida per se, sino en la medida en que represente un detrimento de alguna clase (moral o material) para quien reclama tal reparación. La ley otorga el carácter de h...

El art. 505 C.C. impone una limitación de carácter general a las costas judiciales, sin que ello importe desentenderse de las reglas aplicables en situaciones especiales, previstas por los códigos arancelarios locales. El honorario mínimo tiende a dignificar la tarea profesional del abogado y a evitar que el exiguo valor del pleito pueda conducir a una regulación ridícula o insignificante, que no ...

El art. 104 inc. 5 de la ley arancelaria apunta a retribuir las gestiones previas a la iniciación del pleito: recopilación de documentos, búsqueda y examen de títulos, entrevistas con las partes o terceros, comunicaciones telefónicas, concurrencia a oficinas para recabar datos, verificación de circunstancias de hecho, toda labor que requiere la preparación de un juicio. Estas actividades se reduce...

Cabe determinar, como regla general, la procedencia del desalojo, salvo que se demuestre, prima facie, la existencia de actos posesorios que requieran de otro proceso con mayor amplitud de prueba y debate. Siendo el actor titular dominial en base a escritura pública que hace plena fe, se deba hacer caer el valor probatorio del instrumento público en cuestión. Tratándose de alegación de poses...

El último párrafo del art. 36 de la ley 9459 afecta las garantías constitucionales consagradas en los arts. 14, 14 bis, 16 y 17 C.N. Ello así porque no se advierte la razonabilidad para establecer las diferencias existentes entre una persona física y una persona jurídica y fijar, al mismo tiempo, un beneficio a favor de la primera, sin tener en cuenta, al respecto, al beneficiario del cobro de los...

La labor desempeñada por el abogado y la naturaleza especial y específica de su trabajo que se dimensiona dada su condición intelectual profesional, no deben ser soslayadas en el momento de practicarse la regulación de sus honorarios por su tarea profesional, la que no puede sustentarse sólo en el valor numérico de la demanda o la condena, sino que debe guardar armonía con los parámetros estableci...

En los juicios ejecutivos donde no se hayan opuesto excepciones, se debe aplicar el 60% de la escala del art. 36 ley 9459, o sea, 6 jus, conforme lo prescribe el párrafo primero del art. 81 ley 9459, en virtud de que no ha habido tramitación total del proceso. Resulta de aplicación el principio liminar que debe presidir toda regulación: que es ajustarla a la tarea efectivamente desarrollada, ya qu...