La ley 25.345 fue dictada con el objeto de combatir la evasión fiscal. Y la reforma introducida al art. 80 L.C.T. -art. 45- es uno de los medios a través de los cuales persigue ese cometido. \nDe tal modo, si la conducta de la patronal no evidencia intención de vulnerar el bien jurídico protegido por la normativa -evasión fiscal- no es procedente la indemnizaci&o...
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La interpretación del segundo apartado de este dispositivo (art. 241 L.C.T.) debe ser restrictiva en cuanto importa una excepción al principio general establecido en su primer párrafo, y teniendo en miras el art. 58 L.C.T.. En definitiva, sólo se considerará que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes, si ello resulta del comportamiento concluyente y recípr...
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Se vulnera el principio de no contradicción cuando se niega un hecho o se declara inaplicable un principio de derecho, o, viceversa y después se afirma otro que en la precedente motivación estaba explícita o implícitamente negado, o bien se aplica un distinto principio de derecho. Además, es requisito lógico de ello que la contradicción resid...
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La omisión de valorar una circunstancia vinculada a las pautas de mensuración de la pena sólo nulifica el decisorio si reviste valor decisivo y pone en evidencia la arbitrariedad del monto de la pena impuesta. ...
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El marco normativo relativo a las costas está constituido por disposiciones cuya naturaleza no es exclusivamente adjetiva, aunque estén ubicadas dentro de ordenamientos procesales. Así, la disposición que define el contenido de las costas (art. 553 C.P.P.), incluyendo la reposición del papel sellado o reintegro del empleado, impuestos, honorarios y otros gastos que se hubieren originado durante la...
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La potestad de distribuir las costas configura, en principio, una facultad privativa del tribunal de juicio, que sólo puede ser controlada por el tribunal de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia. Se configura un supuesto de arbitrariedad en cuanto al ejercicio de la potestad de dis-tribuir las costas, cuando ello se lleva a cabo sin tener en cuenta las circunstancias atinente...
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La ley 25.767 introdujo en la Parte General del Código Penal (art. 41 quater) el aumento de un tercio del mínimo y máximo de la escala penal de cualquier delito que ?sea cometido con la intervención de menores de dieciocho años de edad... respecto de los mayores que hubieren participado en el mismo?. La fórmula legal aludida no fue ajena a diversos desencu...
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Son resoluciones equiparables a una sentencia definitiva y, por lo tanto, impugnables en casación, las decisiones que antes del fallo final de la causa mantienen una medida de coerción, en razón de que pueden irrogar agravios de imposible reparación posterior, dada la jerarquía constitucional de la libertad personal de quien cuenta con la presunción de ino...
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9. La prueba sobre la existencia del hecho y las circunstancias que permiten inferir el riesgo procesal son condiciones que deben concurrir simultáneamente para la justificación de la coerción, debiendo la fundamentación del pronunciamiento que dispone la medida, proyectarse en forma autónoma con relación a cada uno de ellos....
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Por peligrosidad procesal debe entenderse el riesgo de que la libertad del imputado puede entrañar para los fines del proceso seguido en su contra, esto es, su posible afectación de los objetivos de descubrimiento de la verdad real -interponiendo obstáculos para su logro- y de actuación de la ley penal sustantiva -impidiendo el normal desarrollo del juicio o el cumplimiento de la pena eventualment...
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