En las ejecuciones fiscales el total de intereses no puede exceder el 30% anual por todo concepto, ello vale para las ejecuciones en contra de contribuyentes particulares, pero no donde la demandada es una sociedad del Estado, en los términos de la ley 20.705 y creada por la ley provincial 8665, cuyo objeto es la organización, dirección, administración y explotaci&oacut...

La ley de procedimiento tributario, en su art. 3º define el domicilio fiscal, como el domicilio real, o en su caso el legal, de carácter general legislado en el Código Civil. En el caso de las personas de existencia visible, cuando el domicilio real no coincida con el lugar donde esté situada la dirección o administración principal y efectiva de sus actividades, ...

La Municipalidad está habilitada para intentar el cobro de la deuda instrumentada en título hábil por vía judicial, porque el título proveniente de acto administrativo que tiene presunción de legitimidad, que otorga el legislador a la administración en miras al bien común, posee ejecutividad y fuerza obligatoria y su ejecución no se suspende por interposición de recursos o acciones procesales por ...

Si la Municipalidad de Córdoba tuvo oportunidad en sede administrativa de verificar la exactitud de lo que la demandada denunciaba (nombre y dirección del titular registral del automotor) y en sede judicial, de allanarse a la excepción atento la certificación de dominio expedida por el Registro de la Propiedad del Automotor, evitándose de esa manera mayores costas, no puede ampararse en una formal...

La excepción de inhabilidad de título referida a la causa fuente de la obligación fiscal, no procede. Pero es procedente por falta de legitimación sustancial pasiva. No es posible que la persona a quien se demanda por el cobro de un impuesto, tasa o servicio que no grava sus actividades, rentas o bienes, tenga que soportar la ejecución y deducir luego el juicio ordinario por repetición. El mal oca...

La ejecutoriedad y la ejecutividad actúan en dos planos distintos: la primera hace a las facultades que tiene la administración para el cumplimiento del acto administrativo, sin intervención judicial, utilizando excepcionalmente la coacción; la ejecutividad, en cambio, se refiere al título del acto en el plano procesal, siendo ejecutivo, aquel acto que dictado con todos los recaudos que prescriben...

Si bien el art. 9º ley 7182, faculta al administrado a no pagar la multa, recargos e intereses, ello no significa que el título confeccionado con esos ítems sea inhábil para el juicio ejecutivo fiscal que se lleva a cabo. Una vez que la administración confeccionó el título hábil, para el cobro de la suma adeudada, nada le impide intentarla por vía judicial, si no se ha planteado la suspensión de l...

La recalificación de la actividad profesional a la que está habilitado el tribunal de alzada para modificar la regulación efectuada, se lleva a cabo cuando ésta debe estar por encima o por debajo de la escala establecida en la ley 8226; de lo contrario, el agravio del recurrente no puede ser atendido y el recurso debe ser rechazado. El juez debe regular los honorarios, tal como los prevé la ley 8...

Para que la excepción de pago prospere, debe acreditarse con documentación fehaciente, la realización de pago o pagos parciales con anterioridad al inicio de la acción por parte del ejecutado, y que éstos se refieren expresamente al crédito, en la proporción que el excepcionante reconoce adeudar. La prueba de la excepción debe descansar en instrumentos emanados del acreedor o de su representante,...

Resulta inconstitucional la modifi-cación a la ley de procedimiento fiscal 11.683, introducida por el art. 18, incs. 5 y 7 ley 25.239, por cuanto afecta decididamente el principio republicano de división de poderes, desde que ha asignado al poder administrador claras facultades jurisdiccionales, al punto tal que es difícil y complejo dirimir quién, en definitiva, es el titular del ejercicio juris...