Luego de transitar por la vía de ejecución de sentencia, la ANSeS fue intimada para el pago de la liquidación aprobada en juicio, de acuerdo con el párrafo tercero del art. 504 C.P.C.C., lo que no tuvo favorable respuesta. El actor interpuso amparo por mora, y si bien el a quo no desestimó el planteo, sino mandó que se adecue al procedimiento de ejecuci&oa...

La Cámara de Apelaciones tiene un doble orden de limitaciones. En primer lugar, por las pretensiones planteadas en los escritos introductorios del proceso; en segundo lugar, por los capítulos que han sido planteados en el recurso de apelación. Esta segunda limitación se traduce en el principio tanto devolutum quantum apellatum.\nResulta suficiente para privar a la sente...

Las diligencias tendientes a la liquidación de los créditos ilíquidos objeto de un pronunciamiento de condena que ha diferido su cuantificación, constituyen en rigor, un verdadero proceso de conocimiento, no obstante que las normas pertinentes se hallan emplazadas en el capítulo relativo a las ejecuciones de sentencia (Libro III, Título II, Cap. I, arts. 801 a 824 C.P.C.C.). La denominada “rela...

El derecho procesal, a semejanza del derecho constitucional y administrativo, es una rama del derecho público. La intervención que en los litigios tiene el Estado, por intermedio de los jueces que integran el Poder Judicial, les da a las normas procesales un carácter de orden público, es decir que como regla general, ellas son indisponibles para las partes. En el &aacut...

La circunstancia de que la apoderada de la ejecutante haya presentado una actualización de la planilla, no significa que como consecuencia de ello, se haya reeditado en favor del ejecutado un nuevo período para que él pudiera volver a impugnar rubros y conceptos aprobados con anterioridad en la planilla anterior, que quedaron ?firmes? y ?ejecutoriados?.\nEl art. 623 C.C. es cl...

Si la Corte ha habilitado la doctrina de la declaración de inconstitucionalidad de oficio de un precepto por considerarlo contrario a los postulados constitucionales sin petición de interesado, en cualquier estadio, con mayor razón debe entenderse que las partes pueden proponer el control de constitucionalidad sin un excesivo rigor formal acerca de si es o no la primera oportu...

Por más que aceptemos la validez del derecho de emergencia, el art. 68 de la ley 9086 sólo se justificaría si el legislador previera una moratoria razonable, provi-soria, temporal y no de un modo que puede perdurar por años, lo que torna a la situación de emergencia en algo permanente y habitual. Intentar condicionar temporalmente el cumplimiento de una sentencia firme a la voluntad de un func...

La defensa de la legalidad a que está constreñido el representante del Estado, no autoriza sin más la exención de costas. En primer lugar, porque es el propio Estado a través de los órganos legislativos el que ha dictado la norma que resulta repugnante a la C.N.; de lo contrario, se estaría avalando la propia torpeza. En segundo lugar, porque la res...

Los términos en que está redactado el texto del art. 68 ley 9086 sugieren que la única sujeción que se impone a la comuna, en el sentido de excluir su absoluta discrecionalidad, no está en la apreciación del juez sino en ?las previsiones presupuestarias? a las cuales la ?forma y plazo? de cumplimiento deben ajustarse. Si esto es así, la inconstitucionalidad resulta palmaria desde que siendo el pre...

El art. 68 ley 9086 no deja librada al exclusivo arbitrio de la Municipalidad demandada la determinación de la forma y plazo en que procederá a dar cumplimiento a la condena firme, sino que se limita a imponer un requisito previo al embargo de fondos del Tesoro, consistente en el requerimiento de pago, con el correlativo deber del ente estatal de informar dentro del término de treinta (30) días, l...