La ejecución de sentencias condenatorias contra la administración y, en particular, las condenas a dar sumas de dinero, ha merecido una consideración especial en el texto de la Constitución Provincial, cuyo art. 179 a la vez que consagra el principio general de inembargabilidad preventiva de los bienes del Estado provincial o municipal, atribuye al legislador provincial la potestad reglamentaria ...

El art. 38, segundo párrafo, ley 7182, establece el plazo de cumplimiento espontáneo al que se somete la condena de la administración pública perdidosa en juicio, cuya inobservancia viabiliza la determinación de un plazo de cumplimiento forzoso en los términos del art. 51 ib. en virtud del cual, el Tribunal intimará a la autoridad administrativa vencida en juicio, a que cumpla en un término razon...

La ley 7182 confiere al tribunal de mérito una atribución más amplia que la prevista en el marco de la ley 8465 para la ejecución de condena contra la Provincia o los municipios, consistente en la obligación de dar una suma de dinero (tal es la naturaleza que inviste la referida al pago de los estipendios profesionales del letrado), ya que esta última contiene una previsión específica en el art. 8...

En la tarea de desentrañar el verdadero sentido y alcance de una potestad discrecional conferida al Tribunal por el legislador provincial, en el contexto de un sistema normativo específico (ley 7182), puede acudirse a los criterios establecidos para casos análogos en el sistema adjetivo de carácter general (ley 8465). Asumir un temperamento distinto, podría llevar a la situación que, según sea el ...

El recurso de casación configura un medio extraordinario de impugnación de la sentencia, por motivos de derecho específicamente previstos por el ordenamiento procesal (art. 45 C.M.C.A.), cuya fundamentación debe ser expresa, correspondiendo al recurrente «impugnar idóneamente los elementos que sustentan el fallo, explicando en base a los presupuestos del pronunciamiento, en qué ha consistido la in...

El art. 23.13. Constitución Provincial, declara que «Todas las personas en la provincia tienen derecho: ... A la estabilidad en los empleos públicos de carrera, no pudiendo ser separados del cargo sin sumario previo, que se funde en causa legal y sin garantizarse el derecho de defensa. Toda cesantía que contravenga lo antes expresado, será nula, ...

Los preceptos infraconsti-tucionales anteriores a la Carta Magna Provincial de 1987, mantienen su vigencia en función de la Cláusula Transitoria Duodécima, que establece que hasta tanto se dicten las leyes reglamentarias de esta Constitución subsisten los actuales regímenes legales, salvo los casos previstos en las demás normas transitorias. Este dispositivo de la Constitución Provincial, aun cua...

Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, a través de sus distintas integraciones, han aceptado, en principio, la reglamentación legal de la garantía constitucional de estabilidad del empleado público (art. 14 nuevo de la Constitución Nacional, art. 83 inc. 31 Constitución Provincial de 1923 y art. 23.13. Constitución Provincial de 1987...

El art. 110, incs. 1 y 24 Cons-titución Provincial, otorgan al Poder Legislativo la atribución de dictar las leyes que sean necesarias para hacer efectivo los derechos, deberes y garantías consagradas en la Constitución y la regulación del estatuto, remuneración y escalafón del personal de los poderes y órganos del Estado Provincial, respectivamente. En el orden municipal la potestad reglamenta...

La Constitución Provincial de 1923, antecedente inmediato de la que rige en la actualidad, no contenía un precepto como el consagrado en el art. 23 inc. 13 de la Carta Magna local, y su previsión sobre este punto consistía en la atribución al Poder Legislativo de la potestad de «Legislar sobre derechos y deberes de los empleados públicos, su idoneidad, motivo de cesantía y causas para su destituci...