Sobre la demandada recae la carga de probar el pago alegado, siendo inconducente e ineficaz para ello los informes de liquidaciones administrativas emitidas por la propia demandada, sin acompañar documentación fehaciente o prueba independiente que acredite ese pago.-...

El acuerdo mediante el cual el cliente compromete los servicios profesionales de un abogado a fin de que lo asista, patrocine o asesore en un asunto judicial, fue calificado por la doctrina como locación de obra o de servicios, quedando incluidos dentro el marco legislativo del Congreso de la Nación, por lo que toda invasión que pretendan los estados provinciales resulta constitucionalmente írrita...

La obligación de pagar honorarios al abogado configura un deber primero de quien requiere y recibe el servicio profesional.- Mediante la imposición de costas, la Provincia puede agregarle al letrado un deudor, pero no puede condicionar su derecho al cobro frente a un cocontratante subvirtiendo la naturaleza del derecho contractual a cobrar por la labor técnica desarrollada a favor de quien tien...

Cuando la impugnación se refiere a cuestiones procedimentales, la vía adecuada es el incidente de nulidad y no un recurso, pues éste es el medio propio para cuestionar resoluciones judiciales, y un dictamen pericial no lo es. Como en el caso se invocan vicios de procedimiento, el remedio intentado es improcedente, pues se debió acudir al incidente de nulidad dentro del plazo de cinco días de tomar...

En cuanto a la indemnización por la pérdida de chance, se trata de un daño patrimonial, que a diferencia del moral que se presume por el solo agravio al honor, debe ser acreditado y en autos el recurrente no ha demostrado que haya perdido oportunidades de trabajo a consecuencia de la publicación. (Del voto de la mayoría, Dres. Alvarez de Varas, Sársfield Novillo)....

No es admisible el agravio referido a una supuesta violación por el actor, de la doctrina de los actos propios, toda vez que tanto la ley de cooperativas, como el estatuto de la entidad accionada y el contrato marco del servicio de salud oportunamente contratado, deben ceder frente a la ineludible supremacía de una ley de orden público. Aun cuando los convenios suscriptos entre las partes sean ant...

Por imperativos devenidos de su propia función jurisdiccional, el tribunal puede encartar a las personas en una denuncia como presuntos autores de un delito, lo cual no empece que, al no encuadrar la conducta en una figura penal, éstos resulten sobreseídos, y ello no responsabiliza al denunciante. Lo contrario importaría introducir un factor enervante en una palanca de importancia que se sitúa en ...

El art. 90 de la ley 24.522 autoriza la «conversión» de la quiebra en concurso preventivo, lo cual constituye una regla atributiva de la voluntad del deudor para procurar su concursamiento preventivo, aun después de declarada la quiebra. Ahora bien, el espíritu del legislador es negar la conversión en casos en que ha fracasado un proceso concursal previo, tendiente a superar la cesación de pagos....

Los acreedores de la sucesión, ya se trate de acreedores del causante, como los que resulten por cargas a la herencia, no pueden pedir partición de la herencia, sino que sólo podrán en garantía de sus créditos adoptar algunas de las previsiones que autoriza el art. 657 C.P.C.. Así podrán solicitar la formación de inventario, justificar sus créditos y pedir se reserven los bienes suficientes sin en...

Cuando la acción de simulación es ejercida por los acreedores de una de las partes presenta una marcada analogía con la pauliana en lo que atañe a su objetivo final; pero existe una diferencia relevante entre ambas, la acción de simulación puede ser ejercida por cualquier tercero que sufra perjuicio por la simulac No es necesario que el perjuicio se haya producido con la celebración del acto si...