La demanda entablada contra la obligada por boleto a escriturar (apoderada de los titulares dominiales) no puede ser rechazada, ni aun frente a la hipótesis de imposibilidad de los titulares registrales de disponer del inmueble, ya que ello no es impedimento, en principio, para que se la condene a realizar el acto prometido; sin perjuicio de su responsabilidad por los daños e intereses que se ori...

La apoderada asumió la obligación de transferir el dominio del inmueble al comprador, y el hecho de no ser la propietaria registral no invalida el negocio ni significa que se encuentre legalmente imposibilitada de cumplirlo, ya que puede obtener la conformidad del verdadero titular. Respecto de las costas, surge de la testimonial rendida que la demandada no concurrió a la citación cursada por ...

La obligación de escriturar es recíproca de ambos contratantes, debiendo cumplirse de acuerdo con los dictados de la buena fe, la lealtad y la probidad, principios jurídicos que deben presidir la ejecución de los negocios, con mayor razón tratándose de contratos bilaterales y sinalagmáticos, en que cada una de las partes debe colaborar para que se cumplan los fines verosí-milmente previstos al cel...

Asiste razón al impugnante cuando alega la innecesariedad de efectuar el depósito requerido como condición de admisibilidad del recurso directo, pues su condición de fallido le impide disponer del dinero necesario para afrontar el pago de la tasa en cuestión, por lo que, por razones de jerarquía normativa (art. 31 C.N.) debe entenderse que la tasa en cuestión no es exigible cuando se trata de una ...

Los actos decisorios cuestionados no constituyen sentencia definitiva en los términos del art. 384 C.P.C. pues no prejuzgan sobre el derecho sustancial debatido en juicio, sino que se limitan a derivar la cuestión al tribunal que entienden competente. Sin embargo, y con carácter excepcional, puede sostenerse que las decisiones causan al impugnante gravámenes de difícil ulterior reparación, desde ...

En materia de responsabilidad civil rige el principio de reparación plena o integral en virtud del cual debe procurarse «la reposición de las cosas a su estado anterior» (art. 1083 C.C.) lo que exige, para que ésta sea efectivamente integral, la reparación del daño causado por la inejecución oportuna de la deuda de responsabilidad. Los intereses se deben entonces, «en función de un daño adicional:...

En consecuencia, en materia de daño moral los intereses moratorios deben liquidarse desde el mismo momento en que se produce el perjuicio y nace la consiguiente obligación de repararlo, sea la responsabilidad contractual o extracontractual (confr. Pizarro, Ramón Daniel, Daño moral, Hammurabi, Bs. As. 1996, p. 391)....

La disposición del art. 14 de la ley 8226 limita la responsabilidad del comitente del abogado convirtiéndolo en una suerte de fiador del condenado en costas. Se le concede el privilegio de no pagar el honorario por el trabajo que él contrató mientras no se haya agotado la posibilidad de cobrar al condenado en costas, lo que se resuelve en un beneficio de excusión igual al que compete a todo fiador...

No es posible en el juicio ejecutivo argumentar una defensa sobre la inexistencia de la causa que dio lugar a un título público en base al cual se acciona, pues en el proceso se examina la existencia de un documento del que surge la obligación de pagar una suma líquida como título hábil el que se encuentra desvinculado de la relación jurídica que pudo haberle dado nacimiento, cuya sentencia se lim...

La autonomía de la acción ejecutiva se traduce en la imposibilidad de remitirse a piezas extrañas al título para extraer de ellas alguna particularidad con influencia decisiva en el documento base de la acción. Los actos administrativos punitivos realizados en ejecución del poder de policía deben estar verificados en estricta juridicidad para hacer factible la ejecución judicial. Para que un act...