El consentimiento del fiscal resulta insoslayable para habilitar la suspensión del juicio a prueba del art. 76 bis, 4º párrafo, a condición que se encuentre debidamente fundado. El tribunal se halla autorizado a prescindir de dicho consentimiento cuando el dictamen fiscal no satisfaga la exigencia de debida fundamentación, por resultar ésta palmariamente irrazonable o carecer el pronunciamiento...

Teleológicamente, se advierten similitudes entre la exclusión de los funcionarios para la suspensión del juicio a prueba o probation, como la causal de suspensión de la prescripción mientras dure el desempeño de un cargo público, ya que ambas se vinculan con la suspensión de la acción penal. Ello es así por cuanto, en aras de la transparencia estatal, ambas confluyen en un régimen más severo para ...

Atento la naturaleza del amparo del elector y su limitado marco de vigencia, tanto material como temporal, cabe descartar que la petición de un imputado privado de la libertad a los fines de ejercer su derecho a emitir el sufragio en las próximas elecciones provinciales se encauce por sus carriles. El legislador ha delimitado con toda claridad un ámbito material para el ejercicio de la acción ...

A la luz del art. 43 C.N. y el art. 48 de su par provincial, la acción de amparo debe transitar por el insoslayable carril de la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta a los efectos de su procedencia. En efecto, se trata de un proceso constitucional autónomo, caracterizado como una vía procesal expedita y rápida, condicionada -entre otros recaudos- a que el acto u omisión impugnado, en forma actu...

Las resoluciones cuya consecuencia es la obligación de seguir sometido a proceso criminal no satisfacen, por regla, la calidad de sentencia definitiva, ni resultan equiparables a ella pues no ponen fin al proceso ni impiden su continuación. En principio, no es impugnable en casación, la resolución que confirma la elevación de la causa a juicio. Sin embargo, se ha hecho excepción a esta regla cu...

Es impugnable en casación la resolución que confirma la elevación a juicio de la causa en contra de quien se desempeña como intendente o jefe comunal, en los casos en que el régimen legal aplicable importa para él el riesgo concreto de ser suspendido en el ejercicio de sus funciones. Así ocurre con lo dispuesto por el art. 112 de la ley 8102, que establece su suspensión de pleno derecho en los cas...

Es una obligación propia del vendedor entregar la cosa pactada en perfecto estado de funcionamiento, más aún en el caso de una compraventa de una unidad cero kilómetro. Esta obligación le resulta exigible más allá de que no encuadre dentro de la ley de defensa del consumidor. Existió incumplimiento contractual originario de la demandada si la unidad entregada como consecuencia del contrato de c...

El incumplimiento en sí mismo no es generador de indemnización si tal proceder no termina ocasionando daños, los que deben ser acreditados por quien los invoca. Ninguna prueba se ha producido en la causa en tal sentido, pues si bien se demostraron los ingresos al taller y los tiempos de reparación, no se probó que los actores no hayan tenido ningún otro vehículo o que hayan debido alquilar alguno ...

Es acertado el acogimiento del rubro en concepto de daño moral por parte del juez a quo, desde que los padecimientos que debieron soportar los actores se desprenden de las propias constancias de la causa, de los sucesivos ingresos del vehículo al taller y del tiempo transcurrido entre la adquisición y el arreglo definitivo de la unidad. Dos de los tres rubros reclamados (lucro cesante, daño eme...

El consentimiento del fiscal resulta insoslayable para habilitar la suspensión del juicio a prueba del art. 76 bis, 4º párrafo, C.P. Ello es así, pues el enunciado normativo que proclama el referido requisito, contiene una regla semánticamente autosuficiente, exenta de vaguedades o ambigüedades que lleven a confusión. De consiguiente, la gramaticalidad de la norma perjudica insanablemente una inte...