Los fundamentos de un pedido de juicio político contra un magistrado (ineptitud, mala conducta y otros) son indudablemente desmerecedores de la personalidad del juez sindicado. En principio, ese acto implica el ejercicio de un derecho, similar a la denuncia de delitos penales; es decir, obra entonces una causa de justificación del daño que puede resultar para el juez afectado por el pedido de juic...

La gravedad de la lesión inferida al honor en su faz objetiva al actor es muy difícil de medir, y es dable advertir que en virtud de la íntima naturaleza del agravio moral resulta dificultosa su exacta traducción en una suma dineraria, debiendo considerarse diversos elementos a fin de establecer una adecuada proporcionalidad entre el padecimiento y su reparación. La prueba del perjuicio espiritua...

El art. 7º, inc. d, acápite e, de la ley 8836 en cuanto establece para las obligaciones que declara consolidadas (vencidas o de causa anterior al 12 de julio de 1999) un plazo máximo de pago de 16 años sujeto a los recursos que anualmente contemple la ley de presupuesto general de la administración provincial para hacer frente al pasivo consolidado, es inconstitucional, enfrentándose con el art. 1...

La constitucionalidad de las medidas de excepción está restringida, tal cual lo tiene dicho nuestro máximo tribunal, a aquellas que sólo implican la postergación dentro de límites razonables, del cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos fijando plazos, concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones a la vez que atenuar su gravitación ne...

Si bien la ley 8836 prevé como forma alternativa de pago para los acreedores de deudas consolidadas la suscripción a la par por el importe total o parcial de la deuda en moneda nacional, dólares, euro u otra moneda extranjera, bonos o títulos de consolidación en la forma que determine la reglamentación, para la tasa de interés rigen las disposiciones de la ley 8250, que establece de pleno derecho ...

. Se considera que la notificación al domicilio real queda cumplimentada, si ha sido dirigida al domicilio electoral, aunque la obligación legal de la actualización de domicilio correspondiente haya sido incumplida, ya que de conformidad al art. 7º de la ley 17.671 el R.G.N.P. confecciona los legajos de identificación, conforme el procedimiento del art. 9º en la oficina seccional correspondiente a...

En la regla consagrada en los arts. 90 inc. 7 y 3284 C.C. que atribuyen competencia territorial para entender en el proceso sucesorio al juez del último domicilio del causante, se encuentra involucrado el orden público por lo que las situaciones que autorizan la excepción deben ser analizadas con criterio restrictivo desde que aquellas normas no se limitan a proteger los intereses de los herederos...

Si los apelantes citan precedentes jurisprudenciales en los que se admite la prórroga de la jurisdicción y la acumulación en las llamadas sucesiones conexas, sin explicitar las circunstancias concretas por las que en el caso se verificaría un supuesto de excepción a la regla que consagran las normas antedichas, impidiendo hacer mérito de sus particularidades, corresponde desestimar el recurso....

La ambigüedad de una cláusula contractual obliga a buscar una interpretación, que debe ser tal que su alcance no prive de sentido, ni deje sin significado a algunas de las expresiones que las partes emplearon al redactarla. Constituye una cláusula ambigua la que sujeta la extensión del plazo a dos acontecimientos distintos: el transcurso de noventa días a partir de la fecha del presente y la conc...

La sentencia se encuentra adecuadamente fundada cuando, luego de efectuarse consideraciones genéricas, el sentenciante subsume correctamente a ellas los hechos acaecidos en la causa en función de los diferentes elementos convictivos adverados en el proceso (arts. 155 Const. Pcial. y 326 C.P.C.C.). Se cumple con la obligación legal y constitucional de fundar la sentencia cuando en el decisorio se c...