En lo concerniente a la oportunidad de introducir en la causa la cuestión constitucional por parte de la impugnante (actora) no le asiste razón a la demandada. Habiéndose iniciado la vigencia de la ley 8250 el día de su publicación en el Boletín Oficial, el 27 de enero de 1993, ninguna actividad procesal se cumplió en autos desde esa fecha hasta la designación de la audiencia de vista de causa. C...

1. De acuerdo a la ley procesal, la obligación del actor fue cumplida conforme a derecho al notificar al domicilio constituido en autos por los demandados. 2. La circunstancia de que el actor enviara cédula de notificación también al domicilio real de los accionados, no permite inferir que haya operado una modificación de plazo para interponer el recurso de apelación. 3. La cédula dirigida al do...

El art. 156 de la ley 7676 prescribe que, contestados los agravios, o vencido el término para hacerlo, se elevarán los autos al superior para la decisión del artículo, debiendo pronunciarse dentro de los quince días de recibidos. El legislador no ha previsto que en las apelaciones sobre honorarios los tribunales de alzada puedan, al revocar las resoluciones, limitarse a establecer las pautas que c...

. La denegación del recurso de revisión interpuesto contra la resolución que rechazó el primer recurso directo habido por la misma parte en una causa, no implica irreparabilidad por cuanto -en su momento- al dictarse la sentencia definitiva subsistirá el agravio o se estará en condiciones de apelar o interponer revisión. 2. Resulta inadmisible el recurso de revisión, aunque la decisión impugnada ...

La parte actora interpone recurso de casación fundado en las causales previstas en los arts. 99 incs. 1º y 2º en función del art. 65 inc. 2º de la ley 7987. El recurrente aduce que la a quo vulneró el principio lógico de razón suficiente al no incluir en los montos de las retribuciones mensuales tomadas como base para el cálculo indemnizatorio, “la asignación no remunerativa”. El recurso es inad...

La cuestión debatida ha quedado centrada en el asunto relativo a la eficacia jurídica de la renuncia notificada por la actora a la demandada mediante telegrama del 12 de octubre de 1989. La demandante sostiene su invalidez por haberle sido arrancada mediante coacción y la accionada lo niega, afirmando que la decisión de la trabajadora fue libre y espontánea. Se sostiene en la jurisprudencia y en ...

El casacionista pretende la anulación de la sentencia y la aplicación de la norma citada (art. 22 inc. c, ley 23.643) que permita, conforme a las pruebas analizadas, mesurar la responsabilidad por la incapacidad, que al demandado le corresponde frente a otros empleadores. Desde el punto formal, el escrito recursivo se basta a sí mismo, reuniendo los recaudos que ameritan la admisibilidad de la pr...

El juez de Familia carece de elementos para realizar una evaluación cualitativa (arts. 35 y 36 leyes 7269 y 8226) si el juicio se ha tramitado en forma oral y reservada, al no constar generalmente en, autos todos los antecedentes para valorar la actividad profesional. Los abogados no pueden tener la garantía que su retribución será equitativa por la labor efectivamente desarrollada. El art. 104 ...

El profesional que concurre patrocinando al accionado por el hecho de tener que contestar la acción de manera inmediata -de no lograrse conciliación- no acompaña a su cliente al solo efecto de la conciliación sino que por lo contrario debe realizar toda una tarea previa para contestar la acción por lo que comúnmente se agrega memorial de contestación que se confecciona con anterioridad. En los c...

La Cámara de Familia interviniente procedió a regular los honorarios profesionales de los letrados actuantes, según consta en el respectivo, A.I.. Habida cuenta de lo expuesto, le incumbe resolver sobre la procedencia del pedido de regulación de honorarios complementarios por los trabajos realizados ante ella hasta el dictado de la referida sentencia. El suscripto como juez de ejecución de manera...