Como en la provincia se encuentra legislado el beneficio de litigar sin gastos que, aunque alcanza a la tasa de justicia, contiene recaudos mayores que los contenidos en la ley de defensa del consumidor, es preciso establecer si ésta prevalece sobre la legislación local. Para ello, vale recordar que sólo en situaciones en que aparezca demostrado que la ley local frustre, entorpezca o impida la rea...

La defensa del consumidor es un derecho de rango constitucional que atribuye al Estado una conducta activa a partir de la directiva de la misma Constitución Nacional que impone a las autoridades proveer la protección de esos derechos. La referencia del art. 42 C.N. a las autoridades no hace distingos que permitan excluir a los jueces de esa categoría de obligados. Se trata de un derecho constituci...

El art. 53 ley 24.240 impone al trámite que nace de la relación de consumo las normas del proceso de conocimiento más abreviado, lo que en la estructura de nuestra norma procesal implica eludir cualquier modo de impugnar aquellas resoluciones que afecten de modo directo y en forma concreta un derecho reconocido constitucionalmente tornándolo inútil. El derecho del consumidor y su defensa, como...

La responsabilidad del proveedor por el incumplimiento (o cumplimiento defectuoso) de sus obligaciones no está comprendida en el art. 40 L.D.C. que regula el resarcimiento de los daños producidos una vez que el proveedor ha cumplido o mientras está cumpliendo su prestación, mientras que lo referido al cumplimiento de las obligaciones emergentes de la relación de consumo queda regulado por el art. ...

Si bien el art. 52 bis L.D.C. únicamente menciona como presupuesto de procedencia de la multa civil el incumplimiento por el proveedor de sus obligaciones legales o contractuales y la instancia de parte y omite toda referencia a factores subjetivos de atribución de responsabilidad, la aplicación de esta multa no está prevista como una consecuencia de cualquier incumplimiento, sino como facultativa...

El daño moral, en tanto lesión espiritual, no es susceptible de acreditación directa, sólo pueden probarse circunstancias que según el curso ordinario de las cosas tienen normalmente capacidad de producir dolor o perturbación espiritual en una persona. Las situaciones que objetivamente no pasan de ser disgusto, fastidio, incomodidad y aprensión, no alcanzan a configurar una lesión espiritual su...

El art. 53 L.D.C. no es una norma directamente operativa de un beneficio de litigar sin gastos reforzada por el orden público del art. 65 L.D.C. La garantía de la gratuidad inicial en materia de tasas es mandato constitucional y tiene un alcance preciso, que por ello no invade materia reservada de las provincias (del voto de la Dra. Puga de Juncos). El término “justicia gratuita” se refiere ind...

La aplicación del estatuto consumeril, de orden público (art. 65 ley 24.240), pone en cabeza de la parte demandada, el incumplimiento de su obligación de informar, por sobre la facultad que tiene la actora de asegurar la certeza subjetiva de su reclamo. La suspensión de la cobertura en el marco de un contrato de servicio y la instalación de un periodo de carencia, no lucen abusivas, dado que no ...

En el análisis, a fin de encauzar el debate y la solución del conflicto, no cabe examinar aisladamente y de manera excesivamente restrictiva el valor o entidad de la prueba pericial y documental aportada al proceso por el actor vinculada con la causa u origen de los desperfectos en el vehículo (como lo propone la empresa apelante); sino también, de manera armoniosa, computarse la conducta de las p...

En aquellos pleitos donde se discuten los derechos del consumidor, ambas partes tienen el deber de aportar los elementos de prueba que obren en su poder, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio. La moderna teoría dinámica en materia de cargas probatorias, se caracteriza por la vigencia del principio de solidaridad y el deber de cooperació...