Los demandados han obrado desde el comienzo del incidente de ejecución con temeridad y malicia, con el fin de dilatar el proceso. La «temeridad» consiste en el conocimiento que se tiene de la carencia de motivos para resistir la acción, no obstante lo cual se prefirió hacerlo abusando de la jurisdicción y de la defensa. Los numerosos incidentes y recursos opuestos, los ...

El juez se limita a aplicar a petición de la actora, tras analizar globalmente la conducta procesal desplegada, la multa establecida en el art. 83 del código de rito de la provincia, tendiente a preservar la probidad y buena fe que debe reinar en el proceso. La postura cambiante de la demandada, que ensayó diversas y hasta contrapuestas propuestas defensivas tanto judicial com...

La declaración de la deserción del recurso, como la carencia de razón en el planteo, no importan, necesariamente, una violación al principio de moralidad procesal, por lo que la doctrina se pronuncia por reservar la aplicación de la potestad sancionatoria del art. 83 C.P.C., sólo a aquellos supuestos de real gravedad, de inconducta grosera, por lo que en caso de duda razonable debe estarse por la ...

La legislación procesal moderna aparece decididamente encaminada a instituir, con relación a las partes y a sus representantes o asistentes, el deber de actuar en el proceso con lealtad y buena fe. El ordenamiento civil adjetivo de Córdoba tiene una norma específica (art. 83 C.P.C.C.) que sanciona la inconducta procesal genérica; de donde resulta indubitable que el propósito del legislador ha sido...

El control de constitucionalidad de las leyes resulta una derivación razonada del principio de supremacía previsto en la Carta Magna (art 31) e importa un acto de suma gravedad institucional (la ultima ratio del orden jurídico). La operatividad del control de constitucionalidad está reglada por diferentes principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han ido elaborando, preordenados a a...

El interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe necesariamente demostrar en su articulación, de forma clara y fehaciente de qué manera el precepto puesto en crisis resulta contrario e incompatible con los de la Carta Magna, causándole un efectivo agravio....

Tanto el demandado como su abogado, han violado el deber que le impone el art. 83 C.P.C.C. en cuanto dispone que las partes, sus letrados y apoderados, deben obrar en el proceso con probidad y buena fe. La conducta consistente en la presentación de un recibo falso, cuya única finalidad es suspender el re-mate de los bienes inmuebles, es manifiestamente maliciosa y perturbadora del proceso....

Es malicioso el litigante que convencido de su falta de derecho, persigue un fin ilícito o desviado de la garantía de la defensa en juicio. La malicia se manifiesta en actos destinados a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso o retardar su decisión, habiéndose declarado como inconducta procesal la falsedad de la firma del documento presentado en la causa....

Dada la gravedad de la conducta que se sanciona, presentación de un recibo falsificado pretendiendo dar por cancelado el juicio y evitar de tal forma el remate de los bienes inmuebles, corresponde la aplicación de los máximos previstos en los incs. 1 y 2 del citado art. 83 C.P.C.C., es decir el 30% del valor económico del litigio, para el demandado y el 30% del máximo de los honorarios que corresp...

El límite de la potestad disciplinaria está determinado por la garantía de la defensa en juicio, cuyo ejercicio siempre debe poder ser amplio. De allí que debe ser utilizado con suma cautela, sancionando sólo aquellos casos graves. Conforme lo dispone el art. 83 de nuestro ordenamiento procesal, las partes y sus letrados deben actuar en el proceso con probidad y buena fe; norma ésta que no hace...