El deber de inhibición de un juez para entender en un determinado caso, deriva de la garantía del juez imparcial, que ha sido receptada en el art. 18 C.N. (implícitamente), y se vincula con las garantías de juez natural y defensa en juicio. Pero además se encuentra consagrada en tratados internacionales incorporados por el art. 75 inc. 22 C.N., que refieren al derecho a ser oído por un tribunal in...

El segundo motivo del reproche que se le adjudica al juez de menores, consiste en haber ordenando el retiro de los menores del domicilio de la abuela para entregárselos a su progenitor, contrariando las disposiciones legales existentes. La hipótesis delictiva consistiría en que la resolución dictada por el juez, ordenando el retiro provisorio y traslado de los menores, fuese ilegal por contrari...

El supuesto denunciado podría encuadrar en el incumplimiento de los deberes de funcionario público por el dictado de resoluciones u ordenes contrarias a las leyes; o bien en el prevaricato consistente en el dictado de una resolución contraria a la ley expresamente citada por él mismo, o fundada en hechos o resoluciones falsas. Ninguna de las dos posibilidades tiene cabida. Según surge de autos ...

La admisibilidad formal de la impugnación es procedente, por cuanto el gravamen irreparable en la especie surge claramente de la afectación concreta de garantías constitucionales relacionadas con la víctima. Ello así se avizora de manera nítida, a partir del establecimiento de garantías bilaterales en el proceso penal, con la incorporación de los tratados internacionales al orden jurídico argentin...

El Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, reglamenta máximas constitucionales, y consagra derechos favorables a la víctima en su mero carácter de tal, a la vez que admite la posibilidad de que ella actúe en el proceso penal como acusador privado, interviniendo en rol de querellante particular. Concretamente, la ley de rito determina que el ofendido penalmente por un delito de acción púb...

En cuanto al delito previsto en el art. 268 (2) C.P., el bien jurídico tutelado resguarda la administración pública frente al lucro y la codicia corruptores de sus funcionarios y empleados, y tiene como fin tutelar la decencia administrativa y la salud de los negocios públicos, mientras que otros autores sostienen que protege la imagen de transparencia, gratuidad y probidad de la administración y ...

La garantía de defensa en juicio comprende el derecho de obtener un pronunciamiento en un plazo razonable, siendo necesario para establecer cuándo se configura una dilación irrazonable del proceso, acudir a algunos criterios orientadores elaborados por la doctrina para determinar la “razonabilidad del plazo”. Ellos son: la conducta del acusado, la conducta del tribunal y la complejidad del caso...

En el diseño previsto por la ley, el fiscal fija su hipótesis investigativa y perfila sus actos -obtención de pruebas- hacia la determinación de la verdad real de la conducta delictiva que justifica su intervención. En aras de llegar a tal conocimiento, establece las vías de investigación respecto de las cuales, las partes tienen decidida intervención, pero no suplantando al fiscal en su rol de di...

El derecho de defensa se mantiene indemne frente a las potestades reconocidas a las partes que posibilitan el control en la producción de la prueba, la asistencia a los actos instructorios y su impugnación o valoración crítica en el momento procesal que el legislador ha establecido (fase crítica o, si eventualmente se produjere el juicio, en pleno contradictorio)....

La figura prevista por el art. 173 inc. 7 C.P. presenta una estructura compleja, obedeciendo las numerosas exigencias del tipo objetivo y subjetivo a que el legislador ha querido dejar claramente a salvo de la persecución penal aquella mala administración que sea remediable por otras vías legales. Subjetivamente, la administración fraudulenta es un delito doloso que exige una voluntad dirigida...