La no renovación de los contratos que ligaba a los actores con la hoy demandada, se enmarcó en la crisis económica por la que atravesaba la provincia -antilde;o 1995- y junto al resto del personal que, al igual que ellos, habían suscripto contratos de locación de servicios y obra para desempentilde;arse en la Dirección Provincial de Vialidad -Res. N° 322/9...

La no renovación de los contratos que ligaba a los actores con la hoy demandada, se enmarcó en la crisis económica por la que atravesaba la provincia -antilde;o 1995- y junto al resto del personal que, al igual que ellos, habían suscripto contratos de locación de servicios y obra para desempentilde;arse en la Dirección Provincial de Vialidad -Res. N° 322/9...

La demandada, obligada a una reestructuración -ordenanza municipal- celebró un acuerdo marco con el sindicato, plasmado en pactos individuales con cada trabajador por diferentes indemnizaciones en concordancia con las exigencias normativas y oportunamente corroborado por la autoridad de aplicación.En ese contexto, la sentencia en crisis vulnera el principio de razón suf...

La suspensión del juicio a prueba procura lograr el fin de prevención -que esencialmente es el que debe cumplir la ley penal- por medio del efecto resocializador de las reglas de conducta que se le imponen al imputado, sin necesidad de una sentencia condenatoria. Lo anterior implica asignarle al derecho penal una función social distinta a la de un instrumento exclusivamente punitivo y -por ende- e...

Si respecto de un proceso de menores la condena resulta mucho menos probable que la absolución, dados los excelentes resultados concretos ya alcanzados por el menor, en cuanto a su resocialización, durante el tratamiento tutelar, y teniendo en cuenta los fines predominantemente educativos y no punitivos, propios del derecho penal juvenil, no se advierte qué ventajas obtendría el menor si, en lugar...

La ley 25.767 introdujo en la Parte General del Código Penal (art. 41 quater) el aumento de un tercio del mínimo y máximo de la escala penal de cualquier delito que ?sea cometido con la intervención de menores de dieciocho años de edad... respecto de los mayores que hubieren participado en el mismo?. La fórmula legal aludida no fue ajena a diversos desencu...

Son resoluciones equiparables a una sentencia definitiva y, por lo tanto, impugnables en casación, las decisiones que antes del fallo final de la causa mantienen una medida de coerción, en razón de que pueden irrogar agravios de imposible reparación posterior, dada la jerarquía constitucional de la libertad personal de quien cuenta con la presunción de ino...

9. La prueba sobre la existencia del hecho y las circunstancias que permiten inferir el riesgo procesal son condiciones que deben concurrir simultáneamente para la justificación de la coerción, debiendo la fundamentación del pronunciamiento que dispone la medida, proyectarse en forma autónoma con relación a cada uno de ellos....

Por peligrosidad procesal debe entenderse el riesgo de que la libertad del imputado puede entrañar para los fines del proceso seguido en su contra, esto es, su posible afectación de los objetivos de descubrimiento de la verdad real -interponiendo obstáculos para su logro- y de actuación de la ley penal sustantiva -impidiendo el normal desarrollo del juicio o el cumplimiento de la pena eventualment...

Es perfectamente posible y legal la venta de bienes embargados. La cuestión crucial es establecer el verdadero y exacto alcance del embargo, qué es lo que real y efectivamente se garantiza con la cautelar; cuál es el límite de la responsabilidad del tercero adquirente del bien y, en consecuencia, qué monto o suma debe satisfacer para liberarse del gravamen. ...