El establecimiento de la tasa de justicia y de los aportes jubilatorios constituye una facultad no delegada al gobierno nacional, conforme al art. 121 C.N., de modo que, como atañe a la organización y funcionamiento de la justicia provincial, debe ser establecida y recaudada a nivel provincial, sin interferencia de la órbita nacional. Con relación a los aportes previsionales, ya antes de la reform...

El establecimiento de la tasa de justicia y de los aportes jubilatorios constituye una facultad no delegada al gobierno nacional, conforme al art. 121 C.N., de modo que, como atañe a la organización y funcionamiento de la justicia provincial, debe ser establecida y recaudada a nivel provincial, sin interferencia de la órbita nacional. Con relación a los aportes previsionales, ya antes de la reform...

Como en la provincia se encuentra legislado el beneficio de litigar sin gastos que, aunque alcanza a la tasa de justicia, contiene recaudos mayores que los contenidos en la ley de defensa del consumidor, es preciso establecer si ésta prevalece sobre la legislación local. Para ello, vale recordar que sólo en situaciones en que aparezca demostrado que la ley local frustre, entorpezca o impida la rea...

La cláusula penal es el pacto accesorio que se agrega a un acto jurídico por el cual el deudor o un tercero se comprometen a una prestación indemnizatoria para el caso de incumplimiento de la obligación o de no cumplirla en debida forma. La cláusula penal es un instituto que se encuentra receptado en el art. 652 C.C. y presenta dos tipos: compensatoria o moratoria. Esta última se pacta previen...

En la acción de amparo el rechazo in limine está reservado para el caso de manifiesta inadmisibilidad, que no concurre cuando sea necesaria la verificación de ciertos supuestos de hecho que requieren de mayor debate y prueba, en los que corresponderá transitar por las fases de prueba y contradictorio. El cumplimiento del plazo previsto por el art. 2º, inc. e, ley 4915, constituye un presupuest...

La falta de recurso ante el Tribunal Superior en materia de ejecución penal no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva si ya existió del tribunal a cargo de la ejecución el control de la resolución administrativa, porque el principio de seguridad jurídica exige que alguna vez se haya de tener por definitivamente resuelta una cuestión sin que pueda estar sujeta a una serie abierta, intermi...

La asistencia técnica es exigida para garantizar, de manera efectiva y real, el derecho de defensa en juicio consagrado por el art. 18 C.N. Nuestro sistema legal asegura al justiciable la sustanciación de un proceso con control jurisdiccional efectivo y permanente y pleno respeto a la intervención de la defensa desde el primer momento y a lo largo de todas las etapas, incluidas las instancias post...

La “violencia doméstica y de género” ha merecido una prohibición especial, a nivel supranacional a través de la “Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” (más conocida como la “Convención de Belém Do Pará” y aprobada por ley 24.632), a nivel nacional con la ley 26.485 (ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia co...

En los casos de “violencia doméstica y de género”, el estudio de la prueba debe abordarse bajo un criterio de amplitud probatoria para acreditar los hechos atrapados. Es que los hechos de “violencia doméstica y de género” poseen particularidades que los diferencian de otros delitos pues aquí la víctima sufre reiterados comportamientos agresivos, una escalada de violencia cada día o semana más agra...

A los fines de determinar cuál es momento en que la administración quedó obligada al pago de la redeterminación de precios del contrato de obra pública, debe considerarse que la aplicación del principio de la legalidad administrativa -derivada de los postulados del Estado de derecho- importa la vinculación y sujeción de la administración pública al bloque de la legalidad, que se integra no sólo co...