A los efectos de determinar la competencia debe estarse a los términos de la demanda, a la naturaleza de las pretensiones deducidas, prescindiéndose de las defensas opuestas por el demandado (art. 5º C.P.C.C.). Iniciada una acción de desalojo fundada en la causal de tenencia precaria, resulta competente la justicia civil y comercial, más allá de la existencia o no de una relación laboral invocada ...
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El juicio de desalojo contra cualquiera de los ocupantes a que hace mención el art. 2642 C.C. y regulado por el art. 750 y concs. C.P.C.C. es un proceso de naturaleza eminentemente civil, siguiendo en consecuencia las reglas de tal jurisdicción....
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La excusabilidad del error no es calidad condicionante de la repetición del pago indebido.
El fundamento de la admisión del error como causa de la repetición está en la necesidad de impedir que alguien se enriquezca con lo ajeno: este principio superior no puede quebrantarse por el hecho de que la víctima del empobrecimiento haya incurrido en el error de no debitar de la cuenta corriente la suma...
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Contradice el encuadramiento de nulidad la recurrente que invoca la falta de regularidad en los pagos de las cuotas del precio por parte del comprador, y no alude a la existencia de vicios originarios y concomitantes con el acto que podrían justificar la sanción de invalidez, por lo que la Cámara no puede indagar si ha mediado o no resolución por incumplimiento, porque ello no ha sido motivo de ag...
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El art. 29 de la ley 8226 asume como valor económico del pleito el de la cuestión litigiosa (el monto reclamado), si bien establece bases regulatorias diversas y porcentajes distintos, en función de lo obtenido y los roles. Frente a la ausencia de previsión de la base que debe tomarse en el caso de los incidentistas, lo razonable es remitirse al contenido básico del litigio, determinado por el mon...
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El instituto del amparo por mora de la administración, constituye un instrumento puesto a disposición del administrado tendiente a remediar la mora, inercia o inactividad de la administración ante una conducta debida en ejercicio de función administrativa, con la pretensión de salvaguardar el derecho que tiene todo administrado a obtener del Estado una respuesta concreta frente a una petición o re...
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Con el ejercicio de la acción de amparo por mora el administrado persigue obtener una decisión jurisdiccional que contenga una orden o mandamiento de «pronto despacho» dirigida a la autoridad administrativa obligada a emitir una resolución frente a una petición, reclamo o recurso, para que dicte en el tiempo que prudencialmente fije el juez, el acto administrativo que corresponda con relación a di...
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La decisión jurisdiccional que contenga el emplazamiento al funcionario o ente administrativo no podrá efectuar ninguna referencia con respecto al sentido, dirección o alcance con el que la administración deberá expedirse respecto a la cuestión de fondo a que alude el planteo del particular, pues es indudable que el objetivo de este remedio constitucional se circunscribe única y exclusivamente a o...
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