Para resolver la acción de obra nueva no deben tenerse en cuenta los títulos de ambas partes, sino que se debe atender al hecho posesorio. La existencia del título referido al derecho de poseer, sólo tiene atingencia para calificar de legítima a la posesión y como punto de referencia para determinar la buena fe, pero ni el título, ni siquiera la buena fe, son exigibles para intentar las acciones p...

Si bien es cierto que el consorcio y, por ende, la calidad de consorcista, nace con la redacción e inscripción en el Registro de la Propiedad del reglamento de copropiedad y administración, en la práctica antes del otorgamiento del estatuto y consecuentes escrituras de dominio de unidades privativas a cada titular, se otorga la posesión de ellas. Es decir, sin tener aún el derecho real de propieda...

La facultad de pedir la demolición de una obra realizada unilateralmente por alguno de los propietarios, o de reclamar por el uso no autorizado de bienes comunes, corresponde al consorcio y no a los dueños obrando individualmente, salvo cuando la actividad ilegal o antirreglamentaria produzca a estos últimos un daño cierto y personal. Estas razones justifican que la jurisprudencia haya dicho que e...

El Acuerdo Nº 1538/2018 dictado por el Tribunal Superior de Justicia, que dispone que en los casos de apartamiento de los juzgados de procesos de cobros particulares la causa deberá remitirse a los Juzgados de Ejecución Fiscal de la ciudad de Córdoba, no vulnera el art. 31 C.N., el cual establece jerarquías legales y se complementa con las directivas axiológicas de celeridad de los procesos confor...

El principio de la seguridad jurídica estática regla y tiene a proteger el derecho de los propietarios, mientras que el de la seguridad jurídica dinámica se fundamenta en la apariencia de los negocios jurídicos y en la buena fe de las partes. En el caso, opera la seguridad jurídica dinámica que protege a las compradoras de buena fe que desconocían el acuerdo previo que había firmado su vendedor, y...

La lógica y la experiencia demuestran que en caso en que en un polo de la relación exista una persona jurídica con fines de lucro, cuyo objeto social principal radica en la concreción de operaciones inmobiliarias, y en el otro, una persona humana que pretende adquirir para sí o para su grupo familiar un inmueble con fines habitacionales, raramente esta última puede interferir de forma activa en la...

En el caso se trata de un contrato celebrado por adhesión a cláusulas generales predispuestas, un convenio en el cual la pretensa adquirente no participó en su redacción, lo que ha quedado confirmado en virtud del expreso reconocimiento del representante de la firma demandada al expresar agravios en esta sede. Las relaciones de consumo se caracterizan por una desigualdad estructural entre los pro...

El incumplimiento contractual y legal por parte de la firma demandada ha sido comprobado. No puede soslayarse la vulneración -por parte de la demandada- del deber de informar de manera cierta, objetiva, detallada, eficaz y suficiente (art. 4º ley 24.240), so pretexto de obtener beneficios económicos a partir de la celebración de un contracto leonino que ni siquiera cumple con los elementos esencia...

La relación contractual cuyo incumplimiento se reclama, enmarca dentro del complejo negocial de un contrato de leasing suscripto entre la parte actora y el Banco Hipotecario, por el cual el dador (en el sub examine el Banco Hipotecario) conviene en transferir al tomador (la actora) la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce (en este caso el vehículo sustraído), contra el pago d...

El consumidor es el destinatario final, a diferencia de lo que ocurre con el comerciante o empresario. El actor, en la presente causa adquirió el vehículo para destinarla a su actividad comercial, la comercialización de repuestos, por lo que el proceso de distribución que lleva a cabo con él es lo que lo excluye del régimen de defensa del consumidor....