Cabe resaltar que el recurso ha sido interpuesto, en contra de una resolución equiparable a una sentencia definitiva, por lo tanto, impugnable en casación. Ello así, por cuanto resultan tales, las decisiones que antes del fallo final de la causa mantienen una medida de coerción, en razón de que pueden irrogar agravios de irreparable reparación posterior da...

La raigambre constitucional de la libertad personal, determina que las medidas de coerción que la limitan durante el proceso, son siempre provisorias y por ello, revisables. De allí que el Código Procesal Penal durante la investigación penal preparatoria, para viabilizar estas situaciones, admita la posibilidad para la defensa tanto de resistirla por vía de la op...

En casos de delitos graves, que son los amenazados con penas efectivas, el legislador presume iuris tantum la peligrosidad procesal, es decir, que existe un riesgo para la actuación de la ley si el imputado permanece en libertad pues su ausencia o fuga, imposibilitará la realización del juicio que no podrá formalizarse en su ausencia. Por cierto, que esta presunci&oacut...

Los efectos de una resolución que acoge el recurso interpuesto por uno de los codemandados civiles, deben hacerse extensivos también al codemandado no recurrente de la sentencia en cuestión. Tal solución deviene razonable cuando las pretensiones deducidas exhiben conexión de causa (o sea, el evento dañoso) y objeto (esto es, la reparación del perjui...

Las costas pueden definirse como aquellos gastos que las partes deben efectuar como consecuencia directa de la sustanciación del proceso, encontrándose incluidos en dicho concepto (art. 553 C.P.P.) la reposición del papel sellado o reintegro del empleado, impuestos, honorarios y otros gastos que se hubieren originado durante la tramitación del proceso. Está claro...

El agregado al art. 505 C.C. dispuesto por la ley 24.432, prevé que el tope de la condena en costas no puede exceder el 25% del monto de la sentencia, laudo o transacción que ponga fin al diferendo. La existencia del mentado límite no implica que deban alterarse las reglas legales para fijar los honorarios profesionales a los fines de acotarlos a dicho límite legal. Por...

Respecto de la vinculación existente entre el término de caducidad del registro de sentencias condenatorias que prevé el art. 51 C.P. y la múltiple reincidencia requerida para la procedencia de la reclusión por tiempo indeterminado (art. 52 C.P.) se ha dicho que la interpretación de la ley debe efectuarse de modo tal que la aplicación de un precepto...

El término a quo para el cómputo del plazo del inc. 2 del art. 51 C.P., está dado por la extinción de la condena, la que puede acaecer ya sea por su cumplimiento, por prescripción (art. 65 C.P.), indulto (art. 68 C.P.) o el perdón de la parte ofendida, en los delitos enumerados en el art. 73 (art. 69 C.P.)...

Si bien la legislación local tiene amplias facultades para establecer impuestos sobre materias reservadas, aunque tales prerrogativas no alcanzan para introducirse en las consecuencias jurídicas que desvirtúen los principios básicos que deben regir las obligaciones. De allí, que el art. 62, tercer párrafo, C.T.M., Ord. 10.363, en cuanto modifica el plazo d...

Una de la manifestaciones del principio iura novit curia consiste en el poder-deber de la judicatura de formular el correcto encuadramiento legal del caso, actividad en la que los jueces no están vinculados a la iniciativa de las partes ni a los jueces inferiores. Los únicos límites ante esta prerrogativa consisten en no alterar la causa de la petición y que las partes ...