El derecho de las comunidades indígenas a participar en la gestión de sus recursos naturales (arts. 75 inc. 17 C.N. y 6º, 15 y 17 del Convenio 169 de la O.I.T.) incluye el derecho de consulta, que implica el deber que tiene el Estado de consultarlas toda vez que se pretendan adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole que puedan afectarlas....

Aun cuando las notificaciones efectuadas en el trámite no sean dirigidas al domicilio correspondiente -circunstancia que acarrearía la nulidad de todo lo actuado-, para que la denuncia de nulidad tenga trascendencia, se debe acreditar el perjuicio cierto y real invocado ni la situación de indefensión aducida....

l incumplimiento de la empresa de la obligación de discriminar en los talones de pago el monto total de la cuota parte y el que corresponda deducido el porcentaje diferido, precisándose el porcentaje de valor del bien-tipo que quedará cancelada con ese pago, configura una violación al deber de información....

La ley de defensa al consumidor pretende preservar a los consumidores de operaciones financieras y de crédito en general, evitando equívocos en la naturaleza y alcance de los servicios o bienes que se ofrecen al público, que pueden generar en los posibles interesados comportamientos erróneos con relación a su interés respecto al verdadero servicio o bien que se les ofrece. Las relaciones origin...

El Estado debe garantizar y proteger la condición sanitaria de la población, tratándose de un interés supraindividual, de titularidad colectiva, de naturaleza difusa y evitar que los ciudadanos provoquen situaciones que generen riesgos sanitarios. Cuando se trata del riesgo a la salud por las prácticas farmacológicas, el Estado debe velar tanto por los sujetos que intervienen en los ensayos así...

La competencia del órgano, definida doctrinariamente como el complejo de funciones atribuido a un órgano administrativo, constituye un presupuesto esencial que surge de norma expresa o razonablemente implícita. La administración colegiada es aquella en la cual el ejercicio de la función se halla encomendada simultáneamente a varias personas en un pie de igualdad (sin perjuicio de las atribucion...

La actora demandó en su calidad de propietaria de un inmueble y en defensa de tal derecho común, dado que se agravió de que se la intimara a remover los obstáculos que impedían el libre tránsito de un camino que fue construido en terrenos de propiedad particular para utilidad del propietario de un fundo que había quedado aislado como consecuencia del desborde de una laguna y que, por lo tanto, per...

La “autorización” o “habilitación” constituye una de las formas jurídicas en que se concreta la actividad administrativa limitadora de los derechos individuales. Esta forma jurídica de limitación reconoce la existencia de un derecho o facultad preexistente a favor del administrado que, sin embargo, no puede ser ejercido sin la comprobación del cumplimiento de las condiciones preventivas, estableci...

La autorización o habilitación para el desarrollo de una actividad determinada no apareja como necesaria consecuencia la “inmodificabilidad” de la normativa reglamentaria si las circunstancias de hecho y sociales imponen la necesidad de introducir, dentro del ámbito de la respectiva competencia, ciertos cambios para su funcionamiento. En la mayor parte de los casos, la cuestión de su otorgamient...

La normativa aplicable no le otorga a la accionante un derecho subjetivo de carácter administrativo a obtener la autorización de localización de la estación de servicio bajo la figura “... sin cambio de uso del suelo...”, ya que a los fines de analizar si podía invocar ser continuadora de una anterior autorización de funcionamiento, no podía dejar de considerar que la autorización, en algunos aspe...