Las resoluciones que ordenan, modifican o levanten medidas cautelares, no revisten el carácter de sentencia definitiva y, por tanto, no resultan impugnables en casación. Por excepción, se admite la recurribilidad de estas decisiones cuando causan un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, pueda ser de tardía, insuficiente o de imposible reparación ulterior. No obstante, esa situaci...

La resolución que dispone la restitución del inmueble presuntamente usurpado, adoptada en el marco de las facultades que confiere el art. 302 C.P. (cese de los efectos del delito), no constituye una sentencia de desalojo ni una sentencia que resuelve la litis posesoria. Por el contrario, se trata de una medida de carácter cautelar que está sujeta, en su duración, a los resultados de la acción pena...

El derecho al doble conforme –o derecho al recurso– al que aluden los tratados internacionales de jerarquía constitucional (art. 8.2.h. CADH; 14.1 PIDCP en función del art. 72 inc. 22 C.N.), abordado en el precedente “Casal” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud del cual se postula la máxima capacidad de rendimiento del recurso de casación deducido contra la sentencia de condena,...

En lo que al recurso de casación se refiere, el Código Procesal Penal limita las resoluciones recurribles en casación a las sentencias definitivas y a los autos que pongan fin a la pena, o que hagan imposible que continúe, o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena (art. 469) y a los autos que resuelven los incidentes de la ejecución de las penas (art. 502). Asimismo, se ha ...

En lo que al recurso de casación se refiere, el Código Procesal Penal limita las resoluciones recurribles en casación a las sentencias definitivas y a los autos que pongan fin a la pena, o que hagan imposible que continúe, o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena (art. 469) y a los autos que resuelven los incidentes de la ejecución de las penas (art. 502). Asimismo, se ha ...

En nuestro ordenamiento jurídico, la tutela del domicilio tiene jerarquía constitucional (art.18 C.N.; art. 45 Const. Pcial). La inviolabilidad del mismo persigue como objetivo establecer un límite al ejercicio del poder de los órganos del Estado, disponiendo que una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento El ingreso del Estado a un domicilio se ...

Como consecuencia de los principios de oficialidad y legalidad, el art. 321 del C.P.P. asigna a la Policía Judicial –y a los funcionarios y empleados de la policía administrativa cuando cumplan las funciones que nuestra ley de rito establece, de acuerdo al art. 322– la función (poder-deber de ejercicio obligatorio) de investigar los delitos de acción pública, impedir que los cometidos sean llevado...

Como instituto que integra la coerción personal, la aprehensión (art. 275 y ss. C.P.P.) importa una medida sumamente transitoria, impuesta ante la existencia de una vehemente sospecha de conducta delictuosa, valorada de súbito por quien la practica sin contar aún con antecedentes que le permitan realizar un examen de la situación. Se trata de una medida que escapa a la prohibición constitucional (...

La garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio –contenida en la C.N. (art. 18), en pactos y tratados internacionales (incorporados a ella en virtud del art. 75 inc. 22), en la Constitución Provincial (arts. 40 y 41), y en nuestra propia ley adjetiva local (art. 258 C.P.P.)– supone que se haya iniciado la persecución penal en contra de un individuo y que al momento de su declaración cuente c...

La conexión ideológica de causa final o de medio a fin requerida por la figura calificada del art. 80 inc. 7 del C.P., en todos los supuestos excepto en la última hipótesis que trata de una conexión causal impulsiva, no exige necesariamente que el homicidio haya sido planeado de manera conjunta –o al mismo tiempo– con los delitos respecto de los cuales se exige esa conexidad. Basta con que la deci...