Tratándose de una regulación mínima no es de aplicación el art. 505 C.C.. En el conflicto que suscita la aplicación de dicho artículo con las normas arancelarias que imponen topes a los honorarios en pleitos de mínima cuantía, deben prevalecer estas últimas en cuanto procuran preservar la dignidad de la tarea profesional del abogado. L...

El honorario mínimo, aun con reducción efectuada ante la no oposición de excepciones, tiende a dignificar la tarea profesional del abogado evitando que el exiguo valor del pleito pueda conducir a una regulación ridícula o insignificante, que no guarde correspondencia con la jerarquía de la profesión, con la responsabilidad que debe poner el abogado ...

El art. 99 inc. 5 de la ley 8226 apunta a retribuir las gestiones previas a la iniciación del pleito, las que en algunos supuestos insumen una considerable actividad profesional. Estas actividades se reducen significativamente cuando se trata de iniciar una acción ejecutiva, en el sentido de que el derecho del demandante está documentado en un título, supuesto en el cua...

No se puede reconocer al letrado, en el juicio ejecutivo, el derecho a percibir la totalidad del honorario establecido por el art. 99, inc. 5 de la ley 8226 sin desnaturalizar la ley, porque no se cumple aquí su finalidad que no es de acordar mecánicamente un beneficio por la iniciación de cada juicio, sino retribuir una específica tarea profesional. Para ello, es impre...

La ley arancelaria prevé que en los juicios ejecutivos se regulen los honorarios según se haya producido alguna de las dos hipótesis que contiene el art. 78; esto es, si no se han articulado excepciones se aplica el sesenta por ciento de la escala del art. 34, y si se han articulado, el ciento por ciento de esa escala.\nEl art. 78 ley 8226 establece un régimen especial ...

El abogado que defiende en juicio los intereses de su cliente, sea como patrocinante o como apoderado, no asume una obligación de resultado en cuanto al contenido de la resolución judicial que concluya la causa, por lo que en relación con el resultado final del juicio, cumple debidamente su prestación poniendo toda su diligencia, su ciencia y su prudencia para tratar de...

La demandada no ha sido condenada porque la sentencia recaída en el juicio en el que patrocinaba al actor haya sido adversa a su cliente, sino porque su negligencia evidente en el desempeño del mandato que le fuera conferido ha sido determinante en tal resultado adverso. \nLa existencia del daño invocado por el actor surge indubitable de las constancias obrantes en la causa en...

El desconocimiento por parte de la demandada de la autenticidad de los documentos que ella misma presentó en la causa en la que actuó como abogada pa-trocinante, importa una actitud reñida con el principio de probidad y buena fe procesal (art. 83 C.P.C.C.) y un incumplimiento del deber del abogado de «prestar asistencia profesional como colaborador del juez y en servicio de la...

No concurren en el caso circunstancias que permitan tener por cierto que el incumplimiento contractual de la letrada apoderada del actor, al desatender la causa que le había sido confiada o el resultado adverso del juicio, tengan la entidad suficiente para haber provocado en aquél una lesión en sus sentimientos, o agravio a sus afecciones legítimas.\nTodo incumplimiento...

La multa por retención de expediente prevista en el art. 74 C.P.C.C. constituye una sanción procesal que penaliza un proceder transgresor del cuadro de conductas típicas que gobierna el imperativo deontológico del ejercicio de la abogacía como es el deber de probidad. Aunque el comportamiento previsto en el art. 74 C.P.C.C. lesione el interés del litigante afectado, la verdadera causa de la san...