El art. 99, inc. 5, ley 8226 se refiere a la remuneración de las tareas extrajudiciales por las gestiones previas a la iniciación del juicio, apertura de carpetas, fotocopias, etcétera y estatuye como valor fijo de retribución la suma equivalente a tres jus. Se trata de honorarios y no de gastos.\nAl instituirse la remuneración fija del art. 99, inc. 5, ley 8226,...

En las ejecuciones fiscales la labor previa a la iniciación del juicio se reduce en una proporción considerable, normalmente a la adjunción de los títulos o certificados de deuda que reciben los procuradores a una demanda impresa en formularios. Por ello parece claro que no concurren los extremos que la ley computa para establecer la remuneración del art. 99, inc. 5, ley 8226, la cual en gran medi...

Tratándose de un juicio ejecutivo, debe advertirse que la ley 8226 le asigna una valoración específica a las tareas que cumplen los profesionales en tales procesos, no siendo, en consecuencia, de aplicación lo dispuesto por el art. 42 de dicho cuerpo normativo para justipreciar la labor profesional en función de las etapas procesales indicadas en la normativa, si...

Si habiendo sido citada la demandada a comparecer a derecho, ésta se allana, cabe aplicar el primer párrafo del art. 78 de la ley 8226, que dispone la reducción a un 60% de la escala del art. 34 C.A., cuando la demandada no ha opuesto excepción alguna al progreso de la ejecución....

No siendo el caso de asambleas relativas a asuntos económicos concretos, la acción de impugnación no tiene, en principio, un valor de referencia, lo que significa que carece de parámetros directos o indirectos que puedan ser utilizados como base para aplicar sobre ellos las escalas que fija el arancel. La norma aplicable en estos supuestos es el art. 30, inc. 4, ley 822...

El valor de la sociedad no puede representar la base de una acción de impugnación de asamblea o de una acción de remoción de un director, y esto ni siquiera en forma indirecta, considerando solamente la cuota de capital del socio demandante. Porque una cosa es que el patrimonio social sea ótil para situar el marco económico en que se desenvuelve la socieda...

Debe recibirse el agravio relativo a las escalas aplicadas en el cálculo de la regulación, porque un incremento del mínimo en tan sólo dos puntos no se compadece con la legítima retribución a que tiene derecho el abogado de la parte vencedora en pleitos que no pueden calificarse como «cajonarios» atendiendo a un relativo grado de complejidad, a su trascend...

La decisión de que las costas sean soportadas por su orden o en el orden causado implica que no hay imposición de costas, concepto que sólo tiene significado práctico cuando una de las partes es condenada a soportar las costas generadas por la actuación del adversario. Cuando cada una carga con las suyas no hay técnicamente imposición de costas....

La reducción por falta de oposición de excepciones se aplica aun en los casos de honorarios mínimos, porque el art. 34 de la ley 8226 dispone en forma expresa que el piso de diez jus rige solamente mediando tramitación total en primera instancia. Si no concurre tal condición por haber concluido el proceso sin transitar todas sus etapas, el mínimo debe ser ...

En los juicios ejecutivos la no oposición de excepciones tiene el mismo efecto que el allanamiento, en cuanto permite pasar directamente a la sentencia obviando la sustanciación del proceso. Y es la propia ley la que establece que en caso de allanamiento los honorarios se regulan teniendo en cuenta las etapas procesales cumplidas (art. 42 ley 8226), descartando la posibilidad de cali...