La distribución de las costas configura una facultad privativa del tribunal de juicio, que sólo puede ser controlada por el tribunal de casación en los supuestos de arbitrariedad. En este sentido, se ha sostenido que el ejercicio de estas facultades discrecionales se encuentra condicionado sólo a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable, y que la conclusión que se estime como razonable...

Tanto el C.P.P. como el C.P.C.C. autorizan al tribunal a eximir total o parcialmente de las costas al condenado a su pago, debiendo, en ese supuesto, motivar su decisión para apartarse del principio objetivo de la derrota, en criterios objetivos de apreciación suficientemente explicitados, pues por tratarse de una excepción debe ser admitida restrictivamente (arts. 551, 1er párr.., in fine, C.P.P....

El Código Procesal Penal de la provincia divide el control de admisibilidad de los recursos con efecto devolutivo, estableciendo que el tribunal a quo solamente verificará si la resolución es recurrible, si el recurso ha sido interpuesto en tiempo, y por quién tiene derecho; en tanto que la comprobación de los restantes requisitos vinculados a la fundamentación de la impugnación queda a cargo del ...

El recurso de casación es una impugnación que, aun bajo el motivo sustantivo, no puede prescindir de los fundamentos jurídicos dados por el tribunal de juicio, para exponer en relación a ellos cuál es su error jurídico, en relación a la norma sustantiva que se acusa mal aplicada....

Nuestro ordenamiento legal no ha previsto un régimen especial para la responsabilidad del médico, por lo que el juzgador ha de recurrir a los principios generales de la responsabilidad civil, y respecto de la culpa habrá de utilizar los parámetros establecidos en los arts. 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1724, 1749, 1751, 1785, 1786 y 1788 C.C. y C. (ex arts. 512, 90...

Entre los nosocomios y los enfermos existe una responsabilidad contractual directa –no refleja–. Ello por cuanto en la relación entre el hospital y quien solicita sus servicios, media un acuerdo de voluntades, tanto por parte del enfermo como de la administración del lugar que lo recibe. Existe una obligación tácita de seguridad que funciona con carácter accesorio de la obligación principal que...

Si la obligación constitucional y legal de motivar la sentencia impone al tribunal de mérito -entre otros recaudos- tomar en consideración todas las pruebas fundamentales legalmente incorporadas en el juicio y efectuar dicha ponderación conforme la sana crítica racional (art. 193 C.P.P.), resulta claro que el recurso que invoca la infracción a las reglas que la integran -lógica, psicología, experi...

El precepto jurídico iura novit curia, faculta al juzgador a discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que la rigen con prescindencia de los fundamentos jurídicos que invoquen las partes. Por lo tanto, el ejercicio prudencial de tal atribución, no configura una alteración del principio de congruencia y, ...

El Estado tiene la obligación y responsabilidad de brindar una adecuada custodia a las personas que se encuentran privadas de la libertad en un establecimiento carcelario. Tal mandato surge de la propia Constitución Nacional (art. 18) y se manifiesta en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral. De manera que su deber primario de brindar seguridad, no se circunscribe a los derecho...

La posición de garante del Estado frente a los detenidos se califica ante ciertos grupos de personas, como sucede con respecto a mujeres, personas con discapacidad y los niños y niñas, estas últimas a partir de su doble condición de vulnerabilidad. En caso de que se verifiquen violaciones a los derechos humanos en relación con las obligaciones especiales que surgen del deber de custodia de los ...