La apelante denuncia la violación de garantías constitucionales de su pupilo por entender que fue objeto de un interrogatorio ilegal, en tanto su declaración autoincriminatoria fue prestada sin la asistencia técnica de un abogado defensor, de modo que se habría conculcado el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo y la normativa que prohíbe recibir la declaración del imputado sin la p...

Considerando los primeros actos urgentes de la investigación, a escasas horas de conocido el hecho, tal como lo detalla el juez, no se advierte ningún elemento de juicio del cual se pueda derivar que el imputado fuera considerado de tal modo u objeto de persecución penal en las circunstancias en que fue entrevistado por el comisario, quien debía actuar de acuerdo a lo previsto en los arts. 321, 32...

Existen en la causa indicios más que suficientes (de presencia y oportunidad, de actitud sospechosa, por manifestaciones anteriores y posteriores al hecho delictual) que, valorados en forma conjunta y no fragmentaria, permiten inferir, al menos con el grado de probabilidad que se exige en esta etapa procesal, la participación del imputado como cómplice necesario en el hecho que es materia de inves...

El estándar probatorio de probabilidad que únicamente exige el C.P.P. refleja justamente el ideario de que sea el juicio el que dirima posibles anfibologías subsistentes durante la investigación preliminar, en procura de obtener allí la certeza necesaria para condenar, debiéndose obviamente absolver al imputado si aquella no se consigue. No debe caerse, en consecuencia, en este error, conforme al ...

En atención al fallo “Nieto” del Tribunal Superior de Justicia (T.S.J., Sala Penal, Sent. Nº 310 del 11/11/08), se ha brindado la fundamentación en lo que atañe a la interpretación que debe hacerse del art. 281 y ss. C.P.P., con sustento no tanto a razones de economía procesal, sino fundamentalmente a una cuestión que hace a la gradación jerárquica del ejercicio jurisdiccional, que tiene por fin e...

Al prevenido se le atribuye participación necesaria en un hecho encuadrado legalmente en la figura de robo calificado por el uso de arma de fuego operativa (arts. 45 y 166 inc. 2, 1ª hipótesis, 2º párr. C.P.), cuya escala penal conminada en abstracto, parte de un mínimo de 6 años y 8 meses a un máximo de 20 años de prisión o reclusión, lo que torna improcedente la condena de ejecución condicional ...

En lo que respecta al mérito procesal de la medida de coerción oportunamente dispuesta, esto es, al peligro para los fines del proceso, sabido es que, para este tribunal, a partir de su nueva integración -por unanimidad hasta que el T.S.J. dictara su fallo “Nieto” (Sent. Nº 310 del 11/11/08) y por mayoría a partir de entonces-, es la existencia de peligro procesal concreto, a inferir especialmente...

Cuando la acción revocatoria o pauliana es ejercida por un tercero, el plazo de prescripción es de un año contado desde el día en que el acto tuvo lugar, o desde que los acreedores tuvieron noticia del hecho. Lo primero constituye sólo una presunción, en tanto que el segundo dato se asienta en la realidad ordinaria de los hechos. Los terceros no intervinientes en el acto, no tienen conocimiento in...

En el ejercicio de la acción revocatoria o pauliana, la prueba del acreedor debería encaminarse a demostrar que no tuvo conocimiento del acto antes de cierta fecha. Pero se trata de una prueba negativa, por lo cual su tarea consiste en demostrar la fecha en la que tuvo noticias del acto. Sin embargo, el demandado tiene derecho a demostrar que el actor tuvo conocimiento anterior. En el ejercici...

La sola alegación de la posesión no basta, pues no pasa de ser una expresión de deseos unilateral y -como tal- manifiestamente insuficiente para contrarrestar la acción de desalojo ejercida por quien ha acreditado su derecho a la restitución de la cosa. Quien alega posesión animus domini para oponerse al desalojo incoado por quien acreditó su derecho a la cosa, debe acreditar prima facie el ca...