Tratándose de la ejecución de la sentencia de condena, es el propio ejecutado quien debe soportar dichas costas en razón de haber sido su actitud reticente en afrontar el pago de los honorarios de los ejecutantes la que determinó a éstos a solicitar la traba de medidas cautelares en garantía de sus acreencias....

Con respecto a las costas, rige en esta cuestión el principio general establecido por el art. 824 C.P.C.C. según el cual, en la etapa de ejecución de sentencia, las costas que se ocasionen en las diligencias, serán a cargo del que haya sido condenado en la sentencia de cuya ejecución se trate. No obstante dicho principio general, en cuanto hace al específico tema de las labores tendientes al leva...

Las personas que todavía no han nacido, no por eso son menos titulares de los derechos fundamentales que los que ya nacieron. Tanto es así que el art. 2º de la ley 23.849 que aprobó la Convención de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989 y goza de jerarquía constitucional en cuanto precisa las condiciones de vigencia de ese tratado para nuestro país (art. 75 inc. 22 C.N.), los incluye e...

No parece razonable pensar que de los incs. 1 y 2 del art. 86 C.P., que se limitan a excluir, frente a determinadas circunstancias, la aplicación de sanción penal a quien cometa un aborto, ni de una interpretación jurisprudencial de esas normas -acertada o no- se derive en forma directa e inmediata una amenaza inminente al derecho a la vida de los niños por nacer. Podría pensarse que existe in...

Si bien es cierto que la idea primigenia del constituyente, al reconocer legitimación para la defensa de derechos colectivos a las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley fue limitar la legitimación activa a determinadas asociaciones que quedaran comprendidas en las condiciones fijadas por una ley especial que debía dictar el Congreso, el tiempo transcurrido sin que ...

Para la configuración del poder de recurrir las resoluciones judiciales deben confluir, necesariamente, exigencias atinentes tanto a la impugnabilidad objetiva como a la impugnabilidad subjetiva del recurso que se pretende interponer. Bajo el concepto de impugnabilidad subjetiva se analizan las condiciones para la impugnación consideradas desde un punto de vista subjetivo, vale decir, atendiendo a...

En lo que al recurso de casación se refiere, el Código Procesal Penal limita las resoluciones recurribles en casación a las sentencias definitivas y a los autos que pongan fin a la pena, o que hagan imposible que continúe, o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena (art. 469) y a los autos que resuelven los incidentes de la ejecución de las penas (art. 502). Asimismo, se ha ...

El hecho de que el inmueble se haya entregado antes de la realización de los trámites para obtener la ratificación del contrato de locación por parte del Estado Municipal y éste lo haya utilizado u ocupado, no puede por sí, configurar un contrato de locación, pues otros son los elementos que lo constituyen, establecido por los arts. 1493 y 1494 C.C. La ausencia de ratificación implica la ausencia ...

Las sentencias judiciales deben atenerse a la situación que existía al momento de trabarse el debate. No debe considerar el juez otras cuestiones que las incluidas en la relación procesal, ni pronunciarse sobre pretensiones no deducidas. Tampoco puede hacerlo a la luz de la nota de eficacia del servicio de justicia, alterando el principio de congruencia so riesgo de infringir la garantía constituc...

Cualquiera sea la normativa municipal, rige en plenitud el Código Civil, para determinar la expresión de voluntad y manifestación del consentimiento en la esfera contractual. El derecho común, alcanza al municipio mismo, que no puede ampararse en ninguna prerrogativa o privilegio especial para manifestar su consentimiento contractual (del voto en disidencia del Dr. Remigio). Un principio elemen...