El no contestar la vista no importa ninguna consecuencia legal si dicha carga no está impuesta por el ordenamiento procesal local, ni tampoco si no se establece un apercibimiento concreto. El art. 919 C.C. es claro al disponer que el silencio opuesto a actor o a una interrogación, no es considerado como una manifestación de voluntad, conforme al acto o a la interrogación, sino en los casos en que...

El sistema impuesto en nuestro C. de P.C. es que el término de prueba es fatal, lo que significa que fenece por el solo transcurso del tiempo. El reciente ordenamiento ritual admite la suspensión de los plazos para la parte a quien por fuerza mayor o caso fortuito se le produzca un impedimento que lo coloque en la imposibilidad de actuar por sí o por apoderado, desde la configuración de aquél has...

La regla que determina el régimen de la distribución de costas en las acciones de división de condominio es un principio que difiere sustancialmente del principio general del ordenamiento procesal, que se funda en el criterio del vencimiento objetivo. En esta materia, es doctrina acuñada en la jurisprudencia que las actuaciones donde la intervención judicial no es indispensable y en las que, cuand...

El mutuo bancario tiene carácter comercial en todos los casos, con prescindencia de la calidad de comerciante del deudor o del fin a que se destine el dinero prestado. En el mutuo bancario, al capital se lo comprende dentro de la prescripción ordinaria y a los intereses dentro de la prescripción de cinco o de cuatro años, según que se aplique el Código Civil o de Comercio. Hay que discriminar ...

En el escrito de apelación, el impugnante debe refutar con precisión las conclusiones esenciales, tanto de hecho como de derecho en que el juez de primera instancia haya basado su pronunciamiento, no resultando suficiente las afirmaciones generales opuestas a la sentencia. Sin embargo, frente a las dudas interpretativas que en el caso pueda generar el correcto alcance que cabe atribuir a la expre...

En el procedimiento administrativo sancionador, las garantías de los ciudadanos se sitúan en un plano preponderante. No se trata de obstaculizar a la administración y evitar que ésta ponga en ejecución su potestad represiva, sino que debe procurarse esencialmente asegurar que tal ejercicio se desenvuelva dentro del marco de la juridicidad y frente a los sujetos que ciertamente hayan participado de...

La vigencia efectiva del derecho de defensa tutelado en los arts. 19.9 y 23.13 Const. Pcial., en el art. 18 de la Ley Fundamental de la Nación y en el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, exige inexcusablemente el conocimiento de la acusación, la que deberá formularse dando detalles de los hechos considerados punibles y de la participación del agente en ellos....

La falta por parte de la administración de una imputación individualizada de las irregularidades ni en oportunidad de llevarse a cabo la indagatoria del presunto responsable, ni al momento de emitir el acto administrativo que impuso la sanción, conlleva a la invalidez de la voluntad administrativa por vicios en los elementos esenciales de dicho acto que la contiene, vinculados tanto al procedimien...

La declaración indagatoria constituye un acto esencial del ejercicio del derecho de defensa, para el cual es imprescindible que se conozca en forma clara y precisa cuál es la conducta imputada, la que debe hallarse debidamente individualizada en sus particulares circunstancias de tiempo, modo, lugar y persona....

Son unánimes la doctrina y la jurisprudencia que sostienen que el proceso ejecutivo persigue la verdad formal, que no hace cosa juzgada sustancial y en consecuencia es ajustado a derecho el rechazo de la excepción de inhabilidad de título por falta del trámite previo a la ejecución establecido por el art. 793 C. Com.. Las instituciones bancarias están autorizadas para expedir la constancia del...