El principio objetivo de la derrota como fundamento de la imposición de costas, no es absoluto, pues ante la existencia de situaciones excepcionales el juez se encuentra facultado para eximir de costas al perdedor, total o parcialmente, cuando exista mérito para ello, o bien cuando se advierten las circunstancias previstas específicamente en el plexo procesal como eximentes (arts. 130, 131, 132 C....

La exención de costas, prevista legalmente respecto de quien se allana, constituye un supuesto de excepción que, como tal, debe ser interpretado restrictivamente. Mediando allanamiento, el cargo de las costas se rige por el principio general de que quien se allana es vencido y, por lo tanto, sólo la concurrencia de cir-cunstancias excepcionales, establecidas normativamente, autorizan al apartamien...

El informe del perito oficial, que expresamente indica que existe relación de causalidad entre la rotura en la acometida de agua potable a presión y los daños producidos en la vivienda, que tornan verosímiles las opiniones vertidas por el perito de la actora, y no resultan desdibujadas por el informe del perito de control de la demandada, se esplende fundado y creíble, por lo que resulta idóneo pa...

Si bien, en principio, la carga de la prueba pesa sobre el actor, al resultar respaldada su versión de los hechos a medida que se va produciendo la prueba, la carga se traslada al demandado, quien debe, si pretende destruir la convicción que contribuyó a formar la prueba rendida, aportar a su vez, elementos que la destruyan, o al menos, creen un manto de duda sobre la certeza de las afirmaciones d...

Si no puede saberse a ciencia cierta si la desvalorización venal ya existía al comenzar el proceso de deterioros, o si por el contrario sólo se configuró con el agravamiento de los daños relevados por el perito oficial, corresponde que los intereses por desvalorización venal, corran desde la fecha de la pericia. Con relación al daño material, cuando se trata de daños progresivos que se agravan ...

El art. 80 inc. 2 C.A., a los fines de la regulación de honorarios en incidentes sin contenido económico propio, remite a «la base regulatoria del juicio principal». Del art. 29 de ese cuerpo legal, surge que no hay una sola base regulatoria sino distintas, según que la regulación sea en favor del abogado del actor o del demandado y teniendo en cuenta el resultado del pleito. De tal modo, la deter...

Una interpretación sistemática, coherente e integral del régimen legal de la actividad docente regida por el decr. ley 214-E-63, autoriza a sostener que el personal docente debe ostentar la misma categoría que la del establecí- miento educacional en donde presta servicios. Del dispositivo de los arts. 7°, 24, 26 y 49 del decr. ley 214-E-63, surge que la recategorización del establecimiento educ...

El art. 104 inc. 26 Const. Pcial. reserva al órgano legislativo la atribución de dictar el estatuto, el régimen de remuneraciones y reglar el escalafón del personal de los poderes y órganos del Estado Provincial, lo que supone la obvia facultad de introducir modificaciones a los regímenes existentes. De tal suerte que, el sistema retributivo de los agentes del sector público en su expresión más am...

Los derechos adquiridos operan como un límite a la retroactividad legal (art. 3º C.C.) cuestión que no se plantea respecto de la decisión reglamentaria de modificar la remuneración en proporción no sustancial, con efectos inmediatos, pero futuros, enmarcada dentro de nuevas pautas remuneratorias con base objetiva y de alcance general. El respeto a los derechos estatutarios regularmente adquiridos ...

El tribunal de alzada está facultado para examinar de oficio la admisibilidad del recurso, pues sobre el punto no se encuentra ligado ni por la conformidad de las partes ni por la decisión del juez de primer grado, aun cuando esta última estuviere consentida....