La reticencia de la administración en expedirse frente a un reclamo concreto presentado por los administrados que son titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, mediando un plazo establecido legalmente para que la administración se pronuncie (art. 7° ley 7182) constituye una típica situación de «mora administrativa» que la acción de amparo instituida en el art. 52 Const. Pcial. y ...

Resulta inconstitucional la modifi-cación a la ley de procedimiento fiscal 11.683, introducida por el art. 18, incs. 5 y 7 ley 25.239, por cuanto afecta decididamente el principio republicano de división de poderes, desde que ha asignado al poder administrador claras facultades jurisdiccionales, al punto tal que es difícil y complejo dirimir quién, en definitiva, es el titular del ejercicio juris...

Las disposiciones de la ley 25.239 que modifican el procedimiento fiscal, implican un claro agravio a la garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso. La figura del juez como «tercero imparcial» existente en todo proceso, aquí brilla por su ausencia, el organismo fiscal se convierte en juez «director del proceso» y parte a la vez. No es suficiente que el magistrado interven...

De conformidad con la ley 25.239, es el agente fiscal, y no el juez, quien está facultado para librar bajo su sola firma, mandamiento de intimación de pago y embargo; asimismo, debe trabar las medidas precautorias correspondientes, debe expedir -el agente fiscal, no el magistrado «asignado»-, un oficio, que tendrá el mismo valor de una requisitoria y orden judicial. En el caso que el demandado no ...

La disposición de la ley 25.239, modificatoria del proceso de ejecución fiscal, que omite el dictado de la sentencia, se encuentra en flagrante contradicción con lo dispuesto por el art. 17 C.N. Los acreedores tienen derecho a cobrarse la deuda ejecutando los bienes pertenecientes al deudor. Pero dicha ejecución debe ser el resultado de un proceso justo y su consecuente resolución o sentencia, don...

Tratándose de la autorización de venta de propiedad de menores, la peticionaria no puede solicitar otro trámite que el impuesto por la ley adjetiva y el juez no puede eludir las disposiciones procesales vigentes (art. 828 C.P.C.C.) que establecen un trámite determinado, salvo que la propia ley lo autorizara a ello por no haber un interés público afectado....

La facultad que el art. 793 C.Com. otorga a los bancos, en nada altera o atenta contra el derecho de defensa del accionado, que cuenta con las excepciones que prevé el juicio ejecutivo en el art. 547 C.P.C.C. y con el juicio ordinario posterior....

La facultad que el art. 793 C.Com. otorga a los bancos, en nada altera o atenta contra el derecho de defensa del accionado, que cuenta con las excepciones que prevé el juicio ejecutivo en el art. 547 C.P.C.C. y con el juicio ordinario posterior....

Habiendo contradicción entre las fechas obrantes en un certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria (la de constatación de saldo deudor y la de emisión del certificado) y cuando en la causa obraren elementos convictivos corrobo-rantes de la existencia de un mero error material, corresponde su apreciación a fin de corregir el equívoco cometido....

Si en el proceso lucieran datos convictivos de los cuales pudiera derivarse la existencia de un error de pluma en las datas consignadas, el juzgador no podría válidamente desconocer estos elementos objetivos restándole eficacia ejecutiva al título base de la demanda. Así como le es permitido al ejecutado indagar sobre la conformación del saldo deudor sin que ello implique ingresar a la causa de ...