El decreto que ordena la pericia psicológica ofrecida por la parte actora, puede considerarse como acto idóneo para interrumpir la prescripción, toda vez que impulsó la acción penal. Ello es así, ya que la practicada en la persona de la víctima es uno de los elementos determinantes de la extensión del daño causado y, consecuentemente, pauta de mensuración de la pena....

La congruencia entre la instancia y la demanda se encuentra orientada, fundamentalmente, a la protección del derecho de defensa, de tal manera que el demandado no se vea sorprendido en su derecho y pueda producir prueba a fin de controvertir, en su caso, el reclamo del actor....

Si el juez a quo acogió la demanda en relación con lucro cesante pasado, sobre la base de un plus remunerativo no reclamado por la accionante en la instancia, ha vulnerado el derecho de defensa de los demandados, pues las constancias de la causa, no le permitían inferir que su pretensión giraría sobre este último reclamo....

No ocurre esa vulneración del derecho de defensa de los demandados respecto del lucro cesante futuro si en la misma instancia los actores sustentaron su petición procurando la reparación integral de los daños, por lo que el monto denunciado aludía a lo que se encontraba percibiendo la víctima hasta el momento de la instancia y constituía una circunstancia que permitía al demandado prever en una pr...

El art. 1110 C.C. establece la titularidad del derecho indemnizatorio frente a los daños causados a las cosas, señalando quiénes revisten tal calidad, a saber: a) el dueño de la cosa (que en el caso de automotores es el titular registral), b) el poseedor de la cosa, c) los herederos, d) el usufructuario o el usuario, si el daño irrogase perjuicio a su derecho. Sin embargo, en doctrina se ha afirma...

En cuanto a quién reviste la calidad de usuario, la jurisprudencia considera que el derecho de uso no requiere más prueba que su propio ejercicio, por lo que, tratándose de automotores, corresponde reconocer derecho a ejercer la acción resarcitoria a la persona que se hubiese encontrado al frente del volante en el momento del hecho....

Constituye un ejercicio arbitrario de la facultad conferida por el art. 29 C.P., el haber determinado «prudencialmente» el ingreso mensual de la accionante (ama de casa) y procedido directamente a fijarlo como el equivalente al salario mínimo vital y móvil, sin reparar en parámetro alguno, pese poder hacerlo, cuando se acreditaron ciertas condiciones y características del trabajo que efectivamente...

En relación con el salario mínimo vital y móvil, la propia ley 24.013 establece que no podrá ser tomado como índice o base para la determinación cuantitativa de ningún otro instituto legal o convencional. Y sobre lo desactualizado de su cifra, cuanto que afecta la equidad, en relación con la ley 9688, se manifestó que su fijación es una atribución del Poder Legislativo que ha sido delegada a un or...

Similar razonamiento al realizado con la ley 24.013 puede emplearse con relación al decr. pcial. 3922/75 o su par nacional el decr. 326/56, toda vez que las cifras que estipulan como salarios mínimos para el servicio doméstico en la provincia, no resisten su cotejo con la realidad. Estos guarismos no se compadecen en absoluto con la real y actual cotización del trabajo doméstico y, por ende, no pu...

El delito de violación de documentos se encuentra ubicado en el Capítulo V del Título XI del Código Penal, en el cual la ley se propone tutelar el interés del Estado en la preservación de ciertos objetos y documentos que se encuentra bajo su custodia. El art. 255 C.P. prevé como una de las acciones típicas la de sustraer, es decir llevarse o sacar el registro o documento de la esfera de custodia....