En primer término, la posibilidad jurídica de la privación de libertad del imputado durante la sustanciación del proceso penal, se desprende del mismo artículo 18 C.N. cuando autoriza el arresto del imputado antes del dictado de una sentencia en su contra, disposición de la cual la doctrina judicial de la Corte Suprema derivó el reconocimiento constitucional a los institutos del arresto, detención...

Siendo los honorarios el precio de los servicios prestados, es el agotamiento de esa prestación lo que consolida el derecho a su cobro, aun cuando la determinación precisa de su monto queda supeditada a una evaluación posterior, la que deberá efectuarse sobre las bases y parámetros vigentes a la fecha en que tal derecho quedó adquirido. Así, para regular honorarios debe aplicarse la ley que existe...

Los honorarios deben ser regulados conforme la ley vigente al tiempo en que las tareas periciales fueron cumplidas, por aplicación al caso de la doctrina sentada por la C.S.J.N., in re «Bula, Carlos c/ Próspero Bonaudi - Disolución de sociedad - Cuerpo de levantamiento de embargo - Recurso de revisión», 1/4/97. (Voto del Dr. Sesín). Corresponde aplicar la ley vigente al momento de cumplimiento ...

Los fallos de la Corte nacional revisten valor jurídico «vinculante», aunque condicionado al «apartamiento fundado» de sus fallos. Es decir, que la sentencia de la Corte sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, como también la que versa sobre otros aspectos jurídicos (derecho federal y no federal), se proyecta a los demás tribunales del país (nacionales o locales) a causa...

El derecho a la carrera, corolario del derecho a la estabilidad, regulado en el art. 14 nuevo C.N. y art. 83 inc. 31 Const. Pcial., consiste en el derecho fundamental del agente público de estar constantemente bien encasillado o ubicado dentro del escalafón. El Convenio de Transferencia de Establecimientos Asistenciales efectuado entre el Ministerio de Bienestar Social de la Nación y la Provin...

Constituye una afirmación dogmática, que acarrea la nulidad de la pericia, lo señalado por el perito oficial respecto a que, por un lado, el criterio utilizado en el encasillamiento de los agentes con motivo de la transferencia fue de carácter «remunerativo», lo que efectúa sin una comparación entre las remuneraciones percibidas en las dos órbitas, extremo negado por el perito de control de la dem...

Los dictámenes periciales deben ser suficientemente motivados mediante la referencia a la regla objetiva o pauta tolerable utilizada en virtud de la remisión que al respecto establezca el orden jurídico. El profesional administrativo e incluso el perito judicial cumplen una doble función: a) constatar, comprobar o verificar los hechos, investigar sus razones y determinar sus consecuencias; y b) i...

No resulta factible controlar, dentro de los límites establecidos por la norma, la graduación de las sanciones impuestas por la administración, en tanto no se demuestre su arbitrariedad. Ello así por encontrarse dentro de su «zona de reserva», donde no es dable incursionar, so riesgo de vulnerar el principio de separación de poderes...

Desde que el acto que dispuso la cesantía del actor como agente de la Policía de la Provincia, cuya anulación constituye el objeto de la acción, se encuentra firme y consentido, el control acerca de la legitimidad del que declaró la improcedencia del recurso de revisión administrativa y con el que se pretende viabilizar su control, debe efectuarse con criterio restrictivo. El recurso de revisió...

El art. 40 Const. Pcial., consagra una garantía que rige únicamente en el proceso penal, y establece que todo imputado tiene derecho a la defensa técnica, aun a cargo del Estado, desde el primer momento de la persecución penal y que carece de todo valor probatorio la declaración del imputado prestada sin la presencia de su defensor. El art. 363 del decr. 1061-A/62 (R.L.O.P.) conteste con la no...