La intervención fundada de la línea telefónica del imputado, justifica la injerencia estatal respecto de todas las comunicaciones que, a través de ella, realicen los partícipes de la estructura criminal a la que aquél pertenece. En virtud del principio de la libertad probatoria previsto en el art. 192 del C.P.P., todos los hechos y objetos del proceso pueden ser acreditados por cualquier medio ...

La existencia de una controversia judicial acerca de la posesión del inmueble objeto de usurpación constituye una excepción al carácter accesorio de las medidas cautelares (voto de las Dras. Tarditti y Cáceres de Bollati). La repercusión que tiene la extinción de la acción penal por prescripción en las medidas cautelares que se puedan haber dictado durante su ejercicio no conduce necesariamente...

En innumerables precedentes esta Sala ha tomado razón de la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha considerado recurribles a aquellos pronunciamientos que pueden y deben ser equiparados a sentencias definitivas. A este respecto se ha expuesto que una resolución jurisdiccional es equiparable a sentencia definitiva, si ocasiona un agravio de imposible, in...

La agravante prevista en el art. 11 inc. c de la ley 23.737 simplemente alude a la intervención en una organización, sin considerar el rol desempeñado. En consecuencia, la calidad de líder del imputado puede valorarse al momento de realizar la graduación de la sanción penal sin vulnerar la prohibición de doble valoración. La conclusión en orden a que la transacción de una determinada especie o...

Para el caso de supuesta comisión de un delito por parte de un magistrado o funcionario sujeto a juicio político, jurado de enjuiciamiento o juicio de destitución, el texto actual del art. 14 del C.P.P. consagra la inmunidad de juicio y no de proceso, como lo hacía la norma anterior. Por tal motivo, los órganos jurisdiccionales encargados de la investigación de los hechos supuestamente delictuosos...

El acta labrada por un oficial público constituye un instrumento público (art. 289 C.C. y C.), que hace plena fe de la existencia material de los hechos allí enunciados como cumplidos (art. 296 C.C. y C.), en tanto no hayan sido desvirtuados arguyéndolos oportunamente de falsos, ya sea mediante una acción de falsedad o a través de la impugnación formal dentro del recurso. El concurso real de d...

El concurso aparente de leyes supone que respecto a una misma situación de hecho aparecen dos o más disposiciones legales que pretenden regirla simultáneamente, siendo que, en realidad, debido a la relación que media entre ellas, la aplicabilidad de una determina la inaplicabilidad de las otras. Ello es así, porque si bien la acción puede ser enjuiciada según diversos tipos penales, basta uno de t...

La figura de homicidio en ocasión de robo, contemplada en el art. 165 del C.P., se regula como un tipo calificado diferenciado de las demás calificantes del delito de robo. No media una relación propia del concurso aparente de leyes entre las figuras de homicidio en ocasión de robo –perpetrado con escalamiento– y de violación de domicilio. Es que, si bien el robo con escalamiento comprende est...

La facultad discrecional de fijar la pena es exclusiva del tribunal de juicio y únicamente es revisable en casación en supuestos de arbitrariedad. Dentro de ese margen de recurribilidad, relativo a las facultades discrecionales del tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva. ...

La legítima defensa justifica la reacción que configura un hecho típico pero que no es antijurídico porque reúne los requisitos bajo los cuales el derecho la autoriza; esto es, cuando concurre una agresión ilegítima actual o inminente, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y el ataque no ha sido provocado suficientemente por quien se defiende (art. 34, inc. 6 C.P.). T...