El abogado carece de legitimación activa para intervenir en la controversia sobre las costas, que pertenece privativamente a las partes principales, a quienes pertenecen los derechos que son objeto del juicio. La ley le reconoce al abogado una acción directa para reclamar los honorarios al condenado en costas, pero esta acción presupone que exista tal condenación....

No se encuentran firmes la condena en costas contra el concursado y los honorarios que se pretenden verificar si la sentencia que los regula fue dictada el mismo día en que se dispuso la apertura del concurso; deben, en consecuencia, declararse inadmisibles dichos créditos. En esta situación, el abogado no es titular de crédito alguno frente al concurso, pues no existe ...

El letrado patrocinante de la sindicatura carece per se de legitimación activa para apelar respecto de la imposición de costas, toda vez que no cuenta con ningón interés legítimo para hacerlo....

El abogado en su condición de acreedor de honorarios está autorizado a intervenir en el juicio ónicamente en defensa de la regulación, pero no a hacerse parte para provocar un pronunciamiento sobre derechos que correspondan a los litigantes principales, como son los relativos a la cuestión de fondo y al régimen de costas. Así las cosas, la ón...

\r\nSi existe base económica, el art. 25 C.A., establece la obligatoriedad para los órganos de justicia de regular honorarios a la contraria de la condenada en costas en todos los casos. En los incidentes sin contenido económico propio, la base regulatoria está dada por la base económica del juicio principal (art. 80, inc. 2, C.A.), que recién quedará determinada una vez concluido el proceso. La b...

\r\nSi no existe base económica determinada corresponde aplicar lo dispuesto por el art. 133 C.P.C.C. que impone, en su segundo párrafo, la fijación de honorarios en un monto provisorio, que se establece en «el mínimo posible», esto es, la suma equivalente a cuatro jus (art. 34 C.A....

\r\nEl legislador, en uso de facultades que le son propias y exclusivas, al fijar en la ley arancelaria una mínima regulación, ha querido jerarquizar el ejercicio de la abogacía estableciendo para los pleitos de escasa o pequeña cuantía una regulación mínima. Sin embargo, sería inequitativo sostener que aun en estos casos, corresponde igual regulación para el profesional que tuvo simplificada su l...

\r\nAl órgano de alzada le está vedado, en principio, valorar puntos no sometidos al juicio de la primera instancia (art. 332 C.P.C.C.). La sentencia de segunda instancia no supone un pronunciamiento ex novo sino sólo una revisión de la justicia y el acierto de la decisión emitida en la primera. Por tal razón, la articulación de la cuestión de inconstitucionalidad de la ley 24.432 en cuanto modifi...

No es viable la aplicación íntegra del mínimo que está establecido en el arancel para la total tramitación en primera instancia del juicio ejecutivo, correspondiendo recurrir a la escala del art. 34, de conformidad con el art. 78 ley 8226 y para el supuesto de que el importe a que se arribe sea inferior al sesenta por ciento de diez jus, tomar esta última ...

La alegación de inconstitucionalidad debe introducirse en la primera oportunidad con que cuente el interesado. No es menester que dicho planteo se vierta a renglón seguido de la entrada en vigencia de la norma reputada como inconstitucional, sino que es oportuno toda vez que se suscita una situación concreta que torna previsible o siquiera posible su aplicación; es deci...