La regla general es que, tratándose del incumplimiento de un contrato con terceros, la responsable es siempre la sociedad, ya que el presidente como administrador habrá celebrado o participado en el negocio a nombre del ente social (ente distinto de los socios que la integran y administran) y, por lo tanto, no compromete con esa actuación su responsabilidad personal.\nPara que pueda extenderse a l...

Encontrándose involucrado el interés público en las cuestiones de personería, la ausencia de tal presupuesto procesal no admite convalidación expresa o tácita por parte del litigante contrario.\nNo rige el instituto de la preclusión pudiendo denunciarse en cualquier tiempo las falencias de representación, a fin de evitar que la función...

De conformidad con lo preceptuado por el art. 7º de nuestra Constitución Nacional, los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás, pudiendo el Congreso por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de esos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán. A su vez, el último...

La finalidad del art. 60 de la ley 19.550, al establecer la inoponibilidad hacia terceros de buena fe de la designación o cesación no inscripta registralmente de administradores societarios, ha sido la protección de dichos terceros que contratan con la sociedad, informándoles sobre la debida legitimación de quién invoca el carácter de representante ...

De acuerdo con lo establecido en el art. 1971 C.C., la revocación de un mandato anterior por otro posterior requiere, como presupuesto o condición ineludible de operatividad, el anoticiamiento al primer representante de la nueva designación. \nNo se puede ignorar la dificultad probatoria para los terceros de demostrar el referido requisito establecido por la ley; mas en ausenc...

La ley ritual no prohíbe la suspensión de los plazos fatales, pues al referirse a la suspensión, en general, no efectúa distingo alguno (arg. art. 46 del C. P.C.C.). ...

El domicilio comercial fijado en el contrato no puede tener absolutamente ninguna significación jurídica para alterar el domicilio social denunciado en el contrato constitutivo, que es el lugar que la ley admite, sin admitir prueba en contrario, que es la residencia del ente ideal (arts. 11 inc. 2 LSC y 90 inc. 3 C.C.) y donde debe ser citada a todos los efectos. Tal afirmació...

Los codemandados (exceptuando a quien figura como empleador) no pueden ser condenados por derecho propio y tampoco pueden ser condenados en virtud de la aplicación de la teoría de la penetración o develamiento de la personalidad jurídica en tanto ella no integra la litis....

Ninguna de las conductas de la L.S. (art. 52 inc. 2, actuación de la sociedad, el art. 59 conducta de administradores y representantes de la sociedad, el art. 270 conducta de los gerentes y el art. 274 conducta de los directores por mal desempeño en sus cargos) se ha atribuido a la sociedad de que se trata en la demanda; ella no ha podido defenderse de nada ni tampoco sus socios y menos se ha inte...

La aplicación de la teoría citada, en pos de la justicia social, puede y debe hacerse pero sobre la base del absoluto respeto del derecho de defensa (art. 18 C.N.) y el principio de congruencia (arts. 63, 64 y 65 L.P.T. y 330 C.P.C.C. supletoriamente aplicable)....