\r\nEn el sistema de la ley societaria, la acción judicial de impugnación del balance y del proyecto de distribución suscripto por el liquidador, debe ser iniciada por los socios en el término de sesenta (60) días siguientes al vencimiento de los quince (15) días que otorga el art. 110 ley 19.550 para presentar impugnaciones....

\r\nLos decretos que proveyeron la presentación del dictamen del perito liquidador y la ulterior impugnación del demandado, fueron posteriormente revocados oficiosamente por el tribunal, en franca violación del mandato procesal conforme con el cual la modificación oficiosa de las resoluciones sólo puede efectuarse con antelación a que los litigantes las hayan conocido, esto es antes de que hayan a...

\r\nLa única manera de enmendar el menoscabo provocado por la intempestiva modificación del procedimiento es entender que durante todo el tiempo transcurrido desde la impugnación del dictamen del liquidador hasta el conocimiento por el apelante del proveído con el que finalmente se reencauzó el procedimiento, estuvo suspendido el plazo de promoción de la acción societaria, el que recomienza su cur...

\r\nLos plazos de perención se cuentan desde el día siguiente al del último acto impulsorio (arg. art. 45 C.P.C.C.) y se cumplen a la medianoche del día de vencimiento. \r\nEl Tribunal Superior de Justicia ha afirmado que ?El término de la perención de instancia comienza a correr el día siguiente a aquel en que se cumplió el último acto de impulso, no computándose a tal fin el día en que hubo acti...

\r\nEl régimen impugnativo establecido en el art. 116, ley 8226, sólo rige para la impugnación de los pronunciamientos regulatorios sobre honorarios de abogados, procuradores y peritos. En esa normativa, no están comprendidos los martilleros, por lo que el derecho a recurrir en forma ordinaria la regulación de honorarios de éstos, a falta de una regulación específica, se rige por el sistema genera...

\r\nSi existe base económica, el art. 25 C.A., establece la obligatoriedad para los órganos de justicia de regular honorarios a la contraria de la condenada en costas en todos los casos. En los incidentes sin contenido económico propio, la base regulatoria está dada por la base económica del juicio principal (art. 80, inc. 2, C.A.), que recién quedará determinada una vez concluido el proceso. La b...

\r\nSi no existe base económica determinada corresponde aplicar lo dispuesto por el art. 133 C.P.C.C. que impone, en su segundo párrafo, la fijación de honorarios en un monto provisorio, que se establece en «el mínimo posible», esto es, la suma equivalente a cuatro jus (art. 34 C.A....

\r\nSi existe base económica, el art. 25 C.A., establece la obligatoriedad para los órganos de justicia de regular honorarios a la contraria de la condenada en costas en todos los casos. En los incidentes sin contenido económico propio, la base regulatoria está dada por la base económica del juicio principal (art. 80, inc. 2, C.A.), que recién quedará determinada una vez concluido el proceso. La b...

En los juicios por alimentos es facultad del juez dejar de lado la regla de la proporcionalidad del éxito obtenido por cada parte para determinar a quién corresponde cargar con las costas, y pronunciarse por la imposi­ción de aquéllas al alimentante, pues de lo contrario, salvo casos excepcionales, se afectaría el monto de los alimentos que atienden a una necesid...

En los juicios por alimentos es facultad del juez dejar de lado la regla de la proporcionalidad del éxito obtenido por cada parte para determinar a quién corresponde cargar con las costas, y pronunciarse por la imposi­ción de aquéllas al alimentante, pues de lo contrario, salvo casos excepcionales, se afectaría el monto de los alimentos que atienden a una necesid...